PANAMÁ, (ACAN-EFE).– El sector empresarial panameño presentó un paquete de siete propuestas sobre seguridad ciudadana, en el marco del foro “Desafíos y perspectivas a futuro de la seguridad ciudadana”, que realizó la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (CCIAP), informó hoy una fuente del sector.
La CCIAP tiene la intención de que el grupo de propuestas sean tomados en cuenta por el Gobierno, que sea electo en las elecciones generales de mayo de 2014, detalló la entidad en un comunicado.
Las siete áreas mencionadas en la propuesta, presentadas este jueves son: Política pública; Información: Registros estadísticos; Encuestas de victimización; Crimen organizado; Mujeres y menores de edad; Confianza ciudadana; y Medios de comunicación.
La CCIAP precisó que la seguridad ciudadana debe “concebirse como parte de una agenda de Estado”, por lo que la política pública sobre el tema no debe responder a medidas reactivas ante la presión de la ciudadanía, sino que se mantengan en el tiempo, evitando “cambios bruscos” por efectos de los cambios políticos.
Asimismo, debe fortalecerse los procesos de divulgación de los registros administrativos relacionados con los delitos, con el fin de que la sociedad panameña tenga acceso continuo a la información.
De igual forma, que el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General realice periódicamente encuestas de victimización y percepción sobre la seguridad ciudadana, que al final conlleven a la preparación de políticas públicas sobre la materia.
Por otro lado, fortalecer los mecanismos de cooperación regional de combate al crimen organizado, así como los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales y aumentar la transparencia de los instrumentos jurídicos.
El documento también recomienda fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia de los delitos contra las mujeres y menores de edad, de manera que los gobiernos locales sean protagonistas de las acciones a implementar.
En cuanto a la confianza ciudadana, la CCIAP estima que debe promoverse el conocimiento de los ciudadanos de sus derechos y obligaciones en materia de justicia, y fortalecer el sistema de justicia, garantizando el debido proceso de las personas.
Finalmente, se recomienda que los medios de comunicación eviten convertirse en “tribunales paralelos”, violentando en algunos casos la presunción de inocencia y, en alguna manera, “incidiendo en el proceso de judicialización de la causa criminal”.