La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó una visita “in loco” a Panamá a Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y jueces.
El pedido está contenido en una carta que Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza, dirigió el pasado 28 de abril a la relatora, para informarle sobre las graves acusaciones del exjuez penal Alexis Ballesteros, sobre manipulación de la justicia e injerencia del Órgano Ejecutivo.
Castillo informó además que funcionarios del Órgano Judicial son constantemente sometidos a presiones, lo que se ve agravado por la situación de interinidad de la mayoría de ellos, ya que en Panamá no existe Carrera Judicial. De mil 606 posiciones que deberían ser de carrera, 642 son interinos. Solo en la ciudad capital 11 de los 17 jueces penales son interinos.
De hecho, Ballesteros fue fulminantemente destituido después de revelar públicamente que cuatro magistrados le habían citado para pedirle que fallara a favor del presidente Ricardo Martinelli en tres casos en los que éste tenía “interés”: el seguido a Balbina Herrera por divulgar correos de Martinelli; uno que involucra a un familiar de Gabriel Btesh –amigo íntimo del mandatario–, y otro contra la contratista del Estado Transcaribe Trading (TCT), por el bloqueo a la circulación de La Prensa y Mi Diario.
“La denuncia del juez Ballesteros ha dejado al descubierto la gran fragilidad y falta de garantías en la que laboran muchos jueces de la República y la manipulación que proviene desde el poder Ejecutivo”, señaló Castillo.
“La independencia judicial en Panamá es absolutamente precaria”, agregó.
También advirtió que la administración actual ha desconocido los acuerdos de la Comisión de Estado por la Justicia, pospuesto la implementación del sistema penal acusatorio, disminuido el presupuesto general del Órgano Judicial, engavetado la ley de carrera judicial e ignorado los mecanismo de participación en la escogencia de los magistrados, que son parte del Pacto de Estado por la Justicia.
“Por último, debemos informar que ha transcurrido un mes luego de la denuncia presentada por Ballesteros y no existe ningún proceso abierto para investigar esta grave denuncia”, dice la Alianza.
Aunque a finales de marzo, Ballesteros presentó una denuncia ante la Asamblea contra los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, la Alianza pronosticó que ésta finalmente será “archivada o desestimada”. El exjuez también mencionó al administrador de Turismo, Salomón Shamah.
Posterior a la presentación de la denuncia, Ballesteros dijo que desistía de estas acciones, ya que había sido amenazado y espiado, y temía por su seguridad.
La Alianza –que agrupa una veintena de gremios profesionales y de la sociedad civil organizada– también llevó este reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.