La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, archivó este jueves, 15 de mayo, una denuncia penal presentada contra el presidente saliente Ricardo Martinelli y el ahora mandatario electo, Juan Carlos Varela, por supuesta malversación de fondos.
La denuncia, fue presentada por el abogado Feliciano Hernandéz, por la afirmación hecha por Martinelli, al decir que Varela era un “botellón” al cobrar sus salario y no ejercer su cargo de vicepresidente, tras recibir siete votos a favor de su archivo por parte de los diputados en pleno.
Esto, porque según la Comisión de Credenciales, el denunciante no presentó las pruebas idóneas para que una persona se dirigiese a responder penalmente por la misma.
Asimismo, se archivó otra denuncia penal presentada contra Martinelli, por parte del abogado Iván Roberto Castillo Abrego, por la supuesta corrupción de servidores públicos. Esta querella fue rechazada con seis votos a favor de archivarla y una abstención del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila.
La querella analizada hoy se basaba en el retraso de la construcción de la tercera línea de distribución y la interconexión eléctrica con Colombia, supuestamente con la finalidad de favorecer intereses económicos de Ricardo Martinelli.
En medio del archivo de los expedientes, en representación de la firma Weeden y Asociados, el abogado Edgardo Santamaría, presentó una nueva demanda contra Martinelli, por el deleito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
La denuncia presentada por Santamaría surge luego que el mandatario saliente, en medio de una entrevista ofrecida al periodista Alvaro Alvarado planteara que le revocaría el mandato a diputados de Cambio Democrático (CD) que se cambiasen de partido.
“[Si se cambian de partido] les revoco el mandato; como dos y dos son cuatro. Yo sí tengo el dossier y el pedigrí de todos en este país”, aseveró.
Se explicó que de cumplir con lo dicho, el Presidente estaría violando el articulo N° 356 del Código Penal que establece que, el servidor público que ilegalmente rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo, será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente, en días multas o arresto de fines de semana.