La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó los indultos realizados por el expresidente de la República Ricardo Martinelli, durante su último día de gobierno.
Las apreciaciones fueron dadas a conocer por el comisionado de esta organización, José de Jesús Orozco, durante la audiencia realizada hoy en Ciudad de México, y en donde representantes de la sociedad civil, así como del Gobierno nacional, dieron a conocer una evaluación sobre los derechos humanos en Panamá.
"Quisiera expresar la preocupación en cuanto a los decretos que emitió la anterior administración (de Ricardo Martinelli) y que se relacionan con la liberación de más de un centenar de personas que eran presuntos responsables de violaciones de derechos humanos", advirtió Orozco, quien en el pasado ha sido presidente de la CIDH.
"Eso implicaría impunidad de los responsables. Esto afecta a un número significativo de víctimas de violaciones de derechos humanos (que superan las 100). Ellas han quedado en indefensión en cuanto a sus derechos de justicia", agregó.
En su último día como presidente de la República, Ricardo Martinelli indultó a 368 personas; otorgó libertad condicional a 276 reos y rebajó la condena a 16 sentenciados, beneficiando con estas medidas a 660 personas.
Dentro de los indultados se incluyó a policías acusados por la muerte de los menores quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen en el año 2011 y otros uniformados acusados de abusos policiales.
LA SESIÓN
Cerca de las 11:00 a.m., durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH realizado en el Palacio de Minería de la capital mexicana, varias fueron las voces de la sociedad civil panameña escuchadas por esta instancia.
Dos de ellas fueron las de Mirte Postema de la Fundación para el Debido Proceso y Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
En su discurso dirigido a los miembros de la CIDH ambas abordaron el tema de los indultos concedidos por la anterior administración presidencial.
"Tenemos un sistema de justicia panameño muy cuestionado por su lentitud y por ser generador de impunidad. Un sistema de justicia que no es garantía para el respeto de los derechos humanos. Prueba de ello son los cientos de panameños y panameñas víctimas de violaciones a sus derechos humanos que siguen esperando justicia. El 30 de junio del presente año el expresidente de la República Ricardo Martinelli indultó a más de 336 personas por delitos comunes e incluyó a los policías acusados por la muerte de los menores quemados y otros policías acusados de abusos policiales", precisó.
Los polémicos casos ocurridos durante las pasadas dos administraciones presidenciales también fueron abordados por Postema y Castillo.
"Las víctimas de la intoxicación masiva con dietilenglicol en la Caja de Seguro Social, hecho ocurrido en el 2006; las víctimas por una bacteria nosocomial KPC, en el 2011; los familiares de los siete menores quemados vivos en el Centro de Cumplimiento de Menores, de los cuales cinco murieron calcinados. Las víctimas de sucesos de Changuinola, julio del 2010; San Félix, febrero del 2012, y Colón, octubre del 2012, donde se reprimió de manera brutal a cientos de conciudadanos, en especial comunidades indígenas, lo que dio como resultado más de ocho muertos, 67 lisiados (ciegos) y cientos de heridos debido a un uso excesivo de la fuerza policial.
Todas estas víctimas y muchas otras, por el abuso policial y la negligencia de las instituciones de Salud, siguen esperando justicia", agregaron.
CASO DEL RÍO LA VILLA
El caso de la contaminación del río La Villa en la región de Azuero ocurrida dos meses atrás también fue abordada en la sesión.
Reynaldo García y Hernán Pardo del Grupo Salvemos al Río La Villa, presentó un informe pormenorizado de los hechos, destacando que desde la década de 1980 se han registrado diversos casos de contaminación en este afluente.
"Azuero tiene el mayor índice de insuficiencia renal y cáncer en el país", indicó García indicando que en reiteradas ocasiones las empresas dedicadas al cultivo de caña y maíz han contaminado el río.
HABLA EL GOBIERNO
Luego de estas ponencias, correspondió a Farrah Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería hablar en representación al Gobierno Nacional.
Durante su presentación, la funcionaria destacó la política de defensa de los derechos humanos de los privados de libertad, citando la construcción por 158 millones de dólares de la cárcel de La Gran Joya, para disminuir el hacinamiento de reos en las cárceles del país.
También habló sobre la implantación de medios alternativos para la resolución de conflictos y avances en materia de libertad de expresión, señalando que en el país los funcionarios públicos de alto rango no pueden demandar por difamación e injuria.
Indicó además que el gobierno nacional emprendió un diálogo con diversas organizaciones de velar por el desarrollo integral de la mujer y sus derechos, con la intención de disminuir los índices de violencia doméstica y femicidios.
Urrutia habló también sobre los esfuerzos para erradicar la discriminación por parte de las autoridades a la comunidad de LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).
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