PANAMA, Panamá. (XINHUA). -La advertencia a fines del año pasado del contratista Grupo Unidos por el Canal (GUPC) de suspender los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas en la ampliación del Canal de Panamá aduciendo sobrecostos, ha generado preocupación no sólo entre las partes en conflicto, sino también entre los obreros, sub-contratistas, proveedores del proyecto y en el sector bancario panameño. GUPC, que integran las empresas Sacyr Vallehermoso (España), Impregilo (Italia), Jan de Nul (Bélgica) y Constructora Urbana S. A. (CUSA/Panamá), aduce costos imprevistos por mil 600 millones de dólares, que lo han dejado con problemas de flujo de caja para seguir avanzando en el proyecto.
Según el consorcio, uno de los factores que llevó a esta situación han sido fallas en los estudios geotécnicos previos entregados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y otros expertos, y por lo que ha habido material excavado que no ha podido ser utilizado en el mismo proyecto, generando esfuerzos adicionales para conseguirlo.
La administración canalera ha reaccionado advirtiendo que no aceptará presiones, que existen mecanismos de reclamación contenidos en el contrato que deben ser sustentados, y que cualquier solución al conflicto se debe buscar dentro del contrato.
Aunque GUPC había advertido sobre la posibilidad de suspensión a partir del 21 de enero de los trabajos, cuyo avance se estimaba en cerca de 66 por ciento, las obras no se ha detenido, en medio de reuniones formales e informales entre representantes de las partes comprometidas para plantear propuestas de solución.
El ritmo de los trabajos es, sin embargo, según la ACP, menor, o de apenas entre 25 y 30 por ciento, mientras que las posiciones entre las partes no se veían tan cerca como se esperaría de una solución.
La ACP planteó un aporte conjunto de 283 millones de dólares para mantener los trabajos, de los cuales adelantaría 100 millones para que el contratista cumpla con sus obligaciones.
Los otros 83 millones de dólares serían por la extensión de dos meses de la moratoria de repago de esa cantidad por parte de GUPC en virtud de adelantos, mientras que GUPC debería poner otros 100 millones de dólares para ser utilizados en el proyecto. GUPC propuso en principio un anticipo de 400 millones de dólares, además de extender la moratoria del anticipo actual hasta el final del período de arbitraje, y planteó luego el cofinanciamiento de los costos imprevistos.
En los últimos días, la esperanza de una solución se ha centrado en reuniones realizadas con la empresa afianzadora del proyecto Zurich.
El ambiente en torno a la marcha de la mega-obra ha tenido, sin embargo, otras consecuencias, de las cuales no se habla mucho, generando incertidumbre entre los trabajadores y los mismos proveedores de la obra, además de preguntas en el sector bancario panameño, que tiene clientes entre los subcontratistas del proyecto de ampliación. Importantes gremios empresariales de Panamá, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) o la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) han querido dar una voz de tranquilidad al manifestar su respaldo a la ACP y la confianza en que se encontrará una solución al problema.