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Miles de ostras son cultivadas en Isla Cañas

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Unas 2 mil 688 ostras fue el resultado de la primera cosecha obtenida luego de varios meses de orientación y capacitación técnica por funcionarios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) del proyecto “cultivo, cosecha y comercialización de ostras” realizado en Isla Cañas, provincia de Los Santos.

De acuerdo a informes de la Arap, el proyecto inició su ejecución en enero de 2015, y se ha conformado la Asociación de Acuicultores, Pescadores y Agro turística fomentando así alternativas para quienes se dedican a la pesca artesanal enmarcadas en la sostenibilidad alimentaria y el desarrollo económico.

Las direcciones nacionales de Fomento e Investigación y Desarrollo de la ARAP, a raíz de este proyecto, efectúan gira con la finalidad de garantizar y verificar los resultados de la gestión empresarial, el mercadeo así como el registro sanitario de la especie requerido por los comerciantes.

 


Embarazos adolescentes en Panamá desde 2013 equivalen a aforo completo del estadio Rod Carew

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Informes del Ministerio de Salud (MINSA) revelan que desde el año 2013 hasta julio de 2015, en Panamá se han contabilizado 27 mil 374 embarazos adolescentes, una cantidad similar a la del aforo total del estadio de beisbol Rod Carew (27 mil personas).

El documento del MINSA incluye los embarazos adolescentes atendidos en los últimos 31 meses.  A diario, las autoridades sanitarias contabilizan un promedio de 29 casos de nuevos embarazos adolescentes, a razón de uno cada 49 minutos.

Expertos en materia sanitaria revelan, sin embargo, que estas cifras son más altas, tomando en cuenta que los informes descritos con anterioridad solo incluyen los registros del Ministerio de Salud, dejando por fuera los de la Caja del Seguro Social e instituciones privadas.

De acuerdo a parámetros de la Organización Mundial de la Salud, se considera un embarazo adolescente al que ocurre entre los 10 y 19 años de edad. 

Los documentos oficiales añaden que el 43.3% de los casos de embarazo precoz atendidos durante este período se ubicaron en la provincia de Panamá.

Para más detalles de cada uno de los reportes oficiales del Ministerio de Salud, a continuación el link de cada año:

Cifras 2015

Embarazos adolescentes en Panamá desde 2013 equivalen a un aforo completo del estadio Rod Carew

Cifras 2014

Embarazos adolescentes en Panamá desde 2013 equivalen a un aforo completo del estadio Rod Carew

Cifras 2013 

Embarazos adolescentes en Panamá desde 2013 equivalen a un aforo completo del estadio Rod Carew

Los huérfanos del feminicidio

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Unos 350 niños, niñas y adolescentes en todo el país han quedado desamparados, luego que sus madres fallecieran de forma violenta.

Estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, adscrito a la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de esta realidad. Incluso, señalan que muchos de estos infantes carecen de la atención y seguimiento para superar las secuelas del trauma.

Tomás Vásquez, psicólogo de la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría, precisó que entre 2009 y 2013 se reportaron las muertes violentas de 317 mujeres en Panamá y 168 de ellas, es decir un 53% tenía hijos.

Vásquez apunta a dos aspectos importantes sobre los datos que manejan.

El primero es que las cifras, en algunas ocasiones, surgieron de los reportes que hacen los medios de comunicación, ya que antes de 2013 no había ninguna instancia de Gobierno que registrara estos casos y tampoco se había tipificado el feminicidio como delito.

A la vez, explicó que después de aprobada la Ley 82 de octubre de 2013, la cual tipifica el feminicidio, la Defensoría optó por ceder el tema de las estadísticas al Ministerio Público.

Agregó que esa entidad desconoce la suma exacta de menores que han quedado huérfanos entre 2014 y lo que va de 2015, debido a que “no en todos los casos se está aportando esa información”. Aunque aclaró que están haciendo las consultas con las fiscalías para levantar esos datos y actualizarlos.

SISTEMA DEFICIENTE

Para las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, el seguimiento a estos casos por parte de las instituciones estatales es “muy deficiente”.

Joyce Araujo, presidenta de la Fundación para la Equidad de Género, manifiesta que “no hay una política de Estado para ayudar en la suerte de esos niños”.

Araujo subrayó que la realidad es que el Estado no da seguimiento ni apoyo a esos niños y niñas, que vivirán con un trauma psicológico a raíz del hecho violento contra sus madres.

“Por el contrario, son distribuidos con la familia, generalmente de la víctima o son enviados a albergues”, puntualizó la activista.

Por su parte, Juana Camargo, socióloga y miembro de la organización Espacio Encuentro de Mujeres, manifestó que aunque en el país existe una legislación para la protección de las víctimas del delito (Ley 31 de 1998), ahora mismo no se asignan los fondos para hacerla cumplir. “Eso deja a las instituciones huérfanas de recursos para aplicarla”, acotó.

Sobre la condición de los menores después de experimentar la pérdida de su progenitora, Camargo explica que ese hecho “puede provocar trastornos en el comportamiento de la persona”.

En ese sentido, argumentó que los sentimientos de pérdida pueden afectar la personalidad, a tal punto que lleva al individuo al aislamiento y conductas que les impide su desenvolvimiento sano en la sociedad.

Incluso, planteó que la falta de atención puede provocar que terminen vinculados a pandillas.

En conclusión, la socióloga plantea que la vida de estos menores “se sume en un entorno de vulnerabilidad y de riesgo social”.

ATENCIÓN EMOCIONAL

Esmeralda de Troitiño, exjueza de Niñez y Adolescencia y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del 1 de enero de 2016, señala que el primer procedimiento en estos casos es hacer una evaluación sobre la parte física, emocional y mental de los menores afectados.

Luego manifiesta que se debe buscar a los familiares más cercanos, para que alguno asuma la responsabilidad y los infantes también se sientan cómodos.

Por otro lado, apunta a la necesidad de hacer una “investigación profunda” sobre el registro nacional que se lleva de estos menores.

También recomendó dejar claro cuáles son las instituciones que deben asegurar a estos menores una expectativa de vida lo “más adecuada” posible y que sus derechos como niños no sean vulnerados.

POCOS DATOS

La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Idalia Martínez, reconoció que la institución no maneja cifras al respecto, “ya que los hijos que sobreviven generalmente tienen alternativas de familiares que asumen su cuidado” y no requieren ser llevados a albergues.

Sobre la atención que reciben estas segundas víctimas del feminicidio, señaló que Senniaf tiene un programa de protección contra el abuso y la violencia, el cual consiste en asistencia psicológica y social a los afectados de cualquier modalidad de violencia y abuso.

AMP verificará límites de mar en proyectos de Paitilla

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Una evaluación en Paitilla, corregimiento de San Francisco, para determinar si las nuevas construcciones violan normas sobre espacios marinos, tiene prevista la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Gerardo Varela, director Nacional de Puertos e Industrias Auxiliares de la entidad, informó que, tras un encuentro con autoridades de la Alcaldía de Panamá, se acordó llevar a cabo el proceso de fiscalización.

Según Varela, “la AMP no tiene competencia para determinar si un proyecto se puede o no desarrollar, pero sí puede coordinar las gestiones para establecer el límite de marea alta”.

De hecho, explicó que la institución espera que la Alcaldía envíe la solicitud formal para proceder con las mediciones.
Por su parte, la vicealcaldesa del distrito capital, Raisa Banfield, recordó que este tema está regulado por la Resolución No. 234-2005 del 16 de agosto de 2005.

Esa normativa estipula en su artículo 1 que toda construcción “deberá establecer una servidumbre pública de acceso mínimo de 12 metros a lo largo de dicha playa, paralela a la servidumbre de 10 metros de alta marea”.

Subrayó que hoy se remitirá la solicitud a la AMP para que haga tal medición. Además, sostuvo que ese trabajo será abierto para que las personas puedan ver lo que se hace.

En tanto, el urbanista Álvaro Uribe expresó que la situación que se vive en el área de Paitilla es consecuencia de la “improvisación”.
Igualmente, explicó que en este sector se ha ido modificando la densidad, debido a que es más rentable levantar nuevos inmuebles.

A raíz de ello, sugiere un análisis para determinar la capacidad de carga que hay en el sitio y qué medidas se adoptarán sobre el litoral.

“Actualmente, las normas de urbanismo no se están respetando y se ha sacrificado a la ciudad sin tomar en cuenta las consecuencias inmediatas y futuras”, advirtió.

Por su parte, Damaris Young, una residente de Paitilla, expresó que los vecinos esperan que las mediciones se hagan lo más pronto posible “para corroborar si hay una situación irregular”.

Uso de testaferros, la clave en el caso Hidalgo & Hidalgo

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Las investigaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción por las irregularidades en el contrato del fallido del sistema de riego de Tonosí, hasta el momento ha dejado al descubierto el uso de terceras personas para cambiar cheques por miles de dólares.


Al menos dos de los 11 detenidos por este caso utilizaron este modus operandi. Cheques emitidos por Hidalgo & Hidalgo (H&H), la empresa a cargo del proyecto, eran confeccionados a nombre de supuestos testaferros, que los hacían efectivo y entregaban el dinero al verdadero dueño.

De acuerdo con Rogelio Cruz, abogado de Porfirio Bolita Ellis, su cliente está preso por 10 cheques que la empresa ecuatoriana H&H emitió a nombre de 10 empleados del excandidato a diputado por el partido Cambio Democrático.

Una vez estas personas completaban la transacción bancaria, el dinero era entregado a Ellis, con medida de detención preventiva en la Dirección de Investigación Judicial desde el pasado 2 de julio.

Ellis, de acuerdo con las pesquisas, habría recibido $319 mil de la sociedad Summer Venture, Inc., ligada al comerciante Felipe Pipo Virzi y a Ricardo Ricky Calvo.

Por este caso también se investiga a Virzi, beneficiado con la medida cautelar de casa por cárcel. Virzi reveló que se vinculó por una “invitación” que le hizo Ellis “para apoyar a que [el proyecto] se realizara”.

Mientras que Daniel Ramírez, abogado del periodista Julio Miller, aseguró que su defendido recibió un abono de la compañía ecuatoriana para promocionar el sistema de riego de Tonosí, en Los Santos.

El cheque fue emitido a nombre de una empleada doméstica, que lo cambió en un banco local y le entregó el efectivo a Miller.

Miller, detenido preventivamente por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, será trasladado hoy al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para una evaluación.

Pozos en Coclé presentan bajo caudal de agua

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El 70% de los pozos que abastecen de agua a las comunidades que son atendidas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la provincia de Coclé muestra una deficiencia en la producción del líquido, lo que afecta el normal suministro.

En poblados como Membrillal, Bella Vista, Churuquita Chiquita, y Orarí y Santos Ortiz, en los distritos de Penonomé y La Pintada, respectivamente, así como en El Roble, de Aguadulce, y Capellanía, de Natá, las autoridades procedieron a racionar el agua debido a su escasez.

La situación de los pozos artesanales se suma al bajo nivel que presentan los principales cauces que abastecen a las potabilizadoras de esta región del país. En Coclé, el Ministerio de Salud (Minsa) registra 500 pozos cuyas aguas abastecen a los acueductos rurales.

CRISIS

Este panorama fue dado a conocer por la gobernadora de la provincia, Sugeidy Flores, quien señaló que ante la posibilidad de una crisis hídrica es necesario tomar medidas de prevención, “para estar preparados ante cualquier eventualidad”.

Ana María Martin, jefa regional del Minsa, señaló que en el caso de Membrillal, corregimiento de La Pintada cabecera, ya se ha coordinado con el Idaan para llevarles agua en carros cisterna, por solicitud de la comunidad.

Mientras, Arsenio González, director regional del Idaan, informó que en la provincia la institución cuenta con unos 150 pozos, de los cuales todos muestran una deficiencia del 5% en la producción.

Igualmente, agregó que hay cinco potabilizadoras que mantienen igual porcentaje de deficiencia, excepto la de La Pintada, cuyo déficit alcanza un 10%, “por lo que se está licitando la perforación de dos pozos por semana”.

González dijo que se mantienen al tanto de lo que ocurra, pues los pronósticos indican que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta marzo de 2016, lo que augura una severa crisis y los obligaría a represar los ríos, para garantizar el funcionamiento de algunas potabilizadoras.

PREVENCIÓN

Los directores provinciales del Minsa, del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) señalaron que preparan un plan de contingencia.

“El Minsa podrá ordenar la repartición de agua embotellada o potable, el Sinaproc cuenta con potabilizadoras portátiles y el Conades incluye dentro del plan de sanidad básica la construcción o mejoramiento de los acueductos”, se informó.

Como medidas inmediatas, estas entidades acordaron citar a regidores y corregidores para que extremen las medidas de vigilancia en torno a la disposición de basura, la quema y la tala de árboles, mientras que el Ministerio de Ambiente restringirá los permisos para estas actividades.

De acuerdo con la gobernadora Flores, iniciarán una campaña masiva de concienciación sobre el uso racional del agua, crearán enlaces ambientales en cada institución, reforzarán las acciones de reforestación, y no descartan prohibir el uso de agua potable en ciertas actividades comerciales, como en los lava autos.

Garuz y Pérez, cara a cara con la justicia

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Alejandro Garuz y Gustavo Pérez serán los primeros estrechos colaboradores del expresidente Ricardo Martinelli que enfrentarán una audiencia para dilucidar su participación en actos de corrupción que se dieron en la pasada administración.

Garuz y Pérez, ambos exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN); así como sus subalternos Ronny Rodríguez (alias Didier) y William Pittí (alias Guillermo), quienes se encuentran prófugos, enfrentan cargos por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Se trata de una investigación que se inició con la declaración del testigo protegido identificado con el número 8430145, quien reveló la adquisición por parte del CSN de un sistema que interceptaba conversaciones telefónicas, correos electrónicos y penetraba un dispositivo estando apagado.

Contó que dentro del CSN existía un equipo dedicado exclusivamente a espiar a adversarios del gobierno, a miembros de la sociedad civil y a periodistas. Los equipos se compraron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a partir del año 2010, entidad que entonces estaba a cargo de Giacomo Tamburrelli.

A Pérez se le señala porque cuando era director de la Policía Nacional firmó la carta de aceptación final del sistema, con la empresa israelí M.L.M. Protection. El aparato costó $13.4 millones.

El 11 de enero de 2015, Pérez rindió indagatoria y aseguró que en el CSN había gente que respondía directamente a la Presidencia. Entre estos “Didier” y que “Guillermo” también eran parte de este esquema de trabajo.

“Cuando el Presidente salía en la televisión hablando de algo o sabía alguna información sobre diputados, se notaba que esa información no venía de mí, sino de Ronny”, argumentó.

En su declaración, Pérez señaló a Rodríguez como la persona que conocía de “los pinchazos” y llevaba los informes a sus superiores en la Presidencia. Según Pérez, él nunca tuvo el control de los funcionarios que laboraban en el Consejo de Seguridad y por ello tuvo confrontaciones con Ronny Rodríguez.

Mientras que Garuz es investigado porque en un allanamiento efectuado por las autoridades judiciales se le encontró un teléfono celular donde había un audio con la voz de una dirigente magisterial y de una diputada de la Asamblea Nacional, en los que se escuchan detalles de conversaciones.

Tras un análisis realizado por peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se detectó que la información hallada había sido enviada de una fuente externa. Garuz alegó que esos correos entraban a su teléfono, pero que nunca los abrió o escuchó.

Ronny Rodríguez (Didier) y William Pittí (Guillermo), también son señalados por desaparecer los equipos espía. Según el relato de un testigo y de los agentes del Consejo de Seguridad Nacional Júbilo Graell y Javier Quiroz, luego de las elecciones de 2014, donde salió derrotado el candidato de Cambio Democrático, partido de Martinelli, los equipos fueron trasladados a las oficinas administrativas del Super 99 en Monte Oscuro.

MARTINELLI

Por este caso Martinelli también enfrenta un proceso penal que se tramita bajo las reglas del sistema penal acusatorio, ya que el exmandatario es diputado del Parlamento Centroamericano.

El pasado miércoles 12 de agosto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizó al magistrado fiscal Harry Díaz para que iniciara las investigaciones luego de que el Tribunal Electoral le levantara el fuero penal electoral, otorgado por las elecciones internas de su partido. Se informó que la pasada semana el despacho de Díaz solicitó algunas copias del proceso que se encuentra en el Juzgado Decimosexto Penal.

 

 

Fuertes lluvias azotan la provincia de Colón

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El fuerte aguacero que cayó la mañana de este lunes, 17 de agosto, en la provincia de Colón, ha provocado la inundación de varias vías y el congestionamiento vehicular en la costa atlántica.

Las lluvias provocaron la anegación de las calles dentro de la Zona Libre de Colón.

El colapso de las alcantarillas también hizo que el agua se introdujera en las instalaciones del Centro Regional Universitario de la provincia.

Personal de emergencia realiza más evaluaciones.

Hasta las 11:00 a.m. de este lunes estará vigente un aviso por tormentas y lluvias en Colón (centro-costa arriba y abajo), informó el Sistema Nacional de Protección Civil.

Un informe de dicha entidad, emitido sobre las situaciones del fin de semana, indicó que 10 viviendas resultaron  afectadas por el mal tiempo en las comunidades de Nuevo Colón, Vista Alegre, Nuevo México y Cativá.


Empieza la audiencia por los ‘pinchazos’ en el pasado gobierno

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A las 10:00 a.m. de este lunes, 17 de agosto de 2015, dio inicio la audiencia preliminar por el proceso que se le sigue a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz; así como a los prófugos Ronny Rodríguez y William Pittí, investigados por la supuesta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de inviolabilidad del secreto.

La audiencia empezó con la lectura de la vista fiscal, realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Antes de la audiencia, los perredistas Balbina Herrera y Mitchell Doens, dos de las víctimas de los "pinchazos", pidieron la condena a los responsables de estos hechos ocurridos en la era Ricardo Martinelli (2004-2009).

Mientras, Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, dijo que contra su cliente no existen evidencias que lo vinculen con los hechos investigados por la fiscalía.

FUERTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Garuz y Pérez, exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), llegaron a las 6:00 a.m. de este lunes al Segundo Tribunal Superior de la Corte Suprema de Justicia.

Estos estrechos colaboradores del expresidente Ricardo Martinelli enfrentan desde este lunes una audiencia para dilucidar su participación en actos de corrupción que se dieron en la pasada administración.

El traslado de Garuz y Pérez a la Corte se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Se conoció que todos los vehículos que llegaban a la Corte eran revisados minuciosamente. El viernes pasado los dos fueron sometidos a exámenes médicos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyos resultados determinaron que se encontraban aptos para atender la audiencia, a puertas cerradas.

A la Corte llegó temprano el fiscal Nahaniel Murgas. Uno de los primeros abogados en llegar fue Sofanor Espinosa, quien representa a Pittí. Luego lo hizo el abogado Alejandro Pérez, quien defiende a Rodríguez. Pérez dijo a los medios de comunicación que su cliente fue presionado para que implicara a Martinelli, pero se negó y por ello lo inculparon en este proceso.

Cabe destacar que los asientos dentro del salón de audiencias serán distribuidos entre los defensores, Ministerio Público, terceros afectados, querellantes, imputados, familiares de los imputados, víctimas y familiares de las víctimas, según ha informado el Órgano Judicial.

Se trata de una investigación que comenzó con la declaración del testigo protegido identificado con el número 8430145, quien reveló la adquisición por parte del CSN de un sistema que interceptaba conversaciones telefónicas, correos electrónicos y penetraba un dispositivo estando apagado.

El testigo contó que dentro del CSN existía un equipo dedicado exclusivamente a espiar a adversarios del gobierno, a miembros de la sociedad civil y a periodistas. Los equipos se compraron a través del Programa de Ayuda Nacional a partir del año 2010, entidad que entonces estaba a cargo de Giacomo Tamburrelli.

Información en desarrollo…

Cae árbol sobre pasillo de la Universidad de Panamá

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Un antiguo árbol ficus que se encontraba en los predios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá (UP) cayó sobre el pasillo que da hacia el recinto de Comunicación Social.

Funcionarios de la UP (campus central) consultados sobre este tema dijeron que el hecho ocurrió este lunes, 17 de agosto, a las 9:00 a.m.

Antonio Ríos, miembro de la seguridad universitaria, indicó que al parecer la lluvia de ayer ocasionó la caída del árbol de 50 años, que mantenía las raíces podridas.

No se reportaron heridos ni daños a las infraestructuras, según voceros de la Facultad de Comunicación Social.

Aunque el área ha sido acordonada para efectuar la remoción del árbol, las clases y labores administrativas no han sido suspendidas.

No se reportaron heridos ni daños a las infraestructuras, según voceros de la Facultad de Comunicación Social.

 

Experta anticorrupción diserta en Panamá

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Esta tarde, a las 6:00 p.m., en la sede de Apede disertará la experta anticorrupción Cristina Brasili.

La Dra. Brasili es catedrática de Economía de la Universidad de Boloña y creadora de un juego pedagógico diseñado para educar a estudiantes en las consecuencias y costos que pagamos todos por la corrupción.

La expositora será presentada por Fernando Berguido, actual Embajador de Panamá en Italia, y está abierto al público.

El evento es organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Mayte Pellegrini acude a cita médica, sin custodia policial

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Mayte Pellegrini, quien es investigada junto a otras 12 personas por la presunta comisión del delito de fraude financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific, acudió la mañana de este lunes, 17 de agosto de 2015, a una cita médica en la Caja de Seguro Social.

Para trasladarse a esta institución médica Pellegrini –quien tiene una medida de arresto domiciliario desde el pasado 20 de enero– no contó con custodia policial.

Esta información fue confirmada por el abogado Kevin Moncada, quien indicó que su clienta debía realizarse hoy un estudio médico en el Seguro Social debido al síndrome de Osler-Weber-Rendu que padece.

Según el abogado, si Pellegrini se ausentaba de esta cita –programada con anterioridad– debía esperar otro cupo para el año 2016.

El abogado comentó que los médicos consideran que este examen –una tomografía computarizada del cerebro– debía hacerse con urgencia para que la salud de su clienta no desmejore.  

Añadió que el juez segundo de circuito penal Johan Barrios accedió a otorgarle dicho permiso.

“Cada vez que ella tiene una cita médica, debe ir al hospital y regresar a su casa sola debido a la falta de custodios”, subrayó.

Sobre este asunto, voceros del Órgano Judicial confirmaron que el permiso fue otorgado por el juez Barrios.

Indicaron que conocen con anterioridad, de parte de la defensa de Pellegrini, que la Policía Nacional les ha manifestado que no tienen ni custodio ni vehículos para trasladarla a las citas médicas.

En abril de este año, el Juzgado Segundo Penal negó una solicitud de asignación de custodia policial permanente a favor de Pellegrini, quien había pedido la custodia tras la desaparición de Vernon Ramos, jefe de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, y el ataque a Gustavo Gordón, también funcionario de esa institución.

Varela entrega orden de proceder para la carretera Agua Fría-Yaviza

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El presidente de la República, Juan Carlos Varela, entregó este lunes, 17 de agosto de 2015, la orden de proceder de la carretera Panamericana entre Agua Fría y Yaviza, en la provincia de Darién.

Los 100 kilómetros de carretera –por un total de $148.6 millones– se dividieron en cuatro tramos.

El primer tramo une las localidades de Agua Fría y Santa Fe, separadas por 23.8 kilómetros. La licitación se la adjudicó la constructora Bagatrac por $31.9 millones.

La misma compañía se adjudicó por $36 millones la licitación para rehabilitar la carretera entre Santa Fe y Metetí, trayecto que tiene 24.2 kilómetros.


Las licitaciones de los otros dos tramos restantes fueron adjudicadas a la Asociación Accidental Caminos de Darién, integrada por la constructora Cusa y la compañía Toronto Global Holdings Corp., sociedad registrada en Panamá y que comparte directores con Cusa.

Este consorcio se hizo con el tramo Metetí-Canglón, de 25.3 kilómetros, por $38.6 millones, y con el Canglón-Yaviza, de 26.7 kilómetros, por $42.1 millones.

“Con el inicio de la carretera Agua Fría-Yaviza traemos trabajo y conectividad vial para el desarrollo de Darién”, resaltó el mandatario en el acto. De igual forma, dijo que espera que la nueva carretera impulse el comercio y el potencial turístico de esta zona del país.

El gobernador de la provincia Humberto Ramos ha dicho que la población en general estará vigilante de que estas empresas hagan un buen trabajo y que utilicen los mejores materiales para que la carretera sea duradera.

“Ya estamos cansados de que se hagan malos trabajos y que las empresas abandonen las obras, pierde no solo la población sino también el Estado”, comentó Visitación Cuesta, dirigente de Yaviza.

En la actividad de este lunes también se firmaron las órdenes del programa de sanidad básica en los corregimientos de Camogantí, Tucutí, El Real y Pinogana.

Nueva investigación en la comida deshidratada

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La Fiscalía Primera Anticorrupción abrió ayer una investigación de oficio, esta vez por el contrato de $14.5 millones en comida deshidratada que hizo el Programa de Ayuda Nacional (PAN), so pretexto de alimentar a estudiantes de las zonas más pobres del país.

Las primeras pesquisas de la fiscalía se sustentan en una publicación de La Prensa, que reveló que este negocio se “cuadró” seis meses antes de que el entonces director del Fondo de Inversión Social (FIS, hoy PAN) Giacomo Tamburrelli licitara el proyecto.

Parte de la ganancia de esta compraventa se depositó en cuentas de sociedades off shore del abogado Amado Arjona Duque, quien había firmado seis meses antes de la “licitación” un acuerdo para cobrar una comisión de $4.4 millones con la “ganadora”, la sociedad Lerkshore International Limited, del empresario Rubén De Ycaza. La “comisión” equivalía al 30% del contrato.

Arjona Duque tiene fuertes nexos con el empresario Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar, considerado el “artífice” del negocio de la comida deshidratada. Ambos son protagonistas del multimillonario negocio de la Cadena de Frío, que adjudicó en noviembre de 2011 el ministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu al Consorcio Panamá Frío, por $75 millones.

Pariente es socio minoritario en ese grupo empresarial, que también pagó $10 millones en “comisiones” a Arjona Duque en “honorarios profesionales” por su asesoría en esa licitación.

Además, Pariente es firmante de una cuenta bancaria de la sociedad Mejores Acabados, S.A. que, junto a Outsourcing de Venezuela, S.A., integran el Consorcio Panamá Frío, que construyó la Cadena de Frío. También está vinculado a la construcción del parque del polémico terreno de Paitilla.

En medio de estos negocios, Pariente construyó una casa en Buenaventura, valorada en más de $1 millón, que “donó” a una fundación en la que figura una de sus colaboradoras en la distribuidora eléctrica Ensa, su antiguo lugar de trabajo.

SOMBRA

El empresario Javier Pariente, quien ha estado estrechamente vinculado a los negocios del expresidente Ricardo Martinelli, gozó –bajo la sombra– de un extraordinario poder en el gobierno pasado.

Su nombre es conocido en el sector eléctrico, pero ahora reluce fulgurante en la interminable lista de escándalos de la administración de su antiguo jefe, Ricardo Martinelli.

Y aparece, al menos, en dos: Pariente fue nombrado en los contratos por $60 millones de la comida deshidratada –de los que se dice es su artífice– y también en el sistema logístico de la Cadena de Frío, uno de los proyectos más publicitados de Martinelli.

Mucho se habló de sus bondades, pero nunca –ni una sola palabra– de los contratos secretos para pagar supuestas “asesorías” al abogado Amado Arjona Duque, quien fue llevado de la mano por Pariente al contratista a cargo de la Cadena de Frío, ni mucho menos que el propio Pariente es accionista del consorcio que construyó este sistema logístico.

¿Cómo lo logró? Pues, a través de la sociedad Mejores Acabados, S.A., que, en consorcio con Outsourcing de Venezuela, S.A., construyó la Cadena de Frío, a un costo de $75 millones, de los cuales al abogado Arjona Duque le tocaron $9.5 millones por supuestos “honorarios profesionales”.

Mejores Acabados, S.A. –entre cuyos dignatarios no figura Pariente– tiene una cuenta corriente en Banco Panamá, cuyo firmante –ahora sí aparece– es nada menos que el empresario Javier Pariente.

Por su lado, Outsourcing de Venezuela, S.A., –la empresa líder del consorcio que construyó la Cadena de Frío– es del también venezolano Luis Aular Peralta, quien aseguró a este diario el fin de semana que tuvo que asociarse con Mejores Acabados, S.A., no porque la necesitaba, sino porque fue extorsionado por su indeseado nuevo socio: Javier Pariente.

Outsourcing de Venezuela, S.A. es dueña del 99.5% del consorcio, mientras Mejores Acabados, S.A. –representada por Juan Gabriel Pérez Silva– tiene apenas el 0.5%.

Aular Peralta narró que Pariente le advirtió que si no firmaba el contrato de “asesoría” con Arjona Duque, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza del proyecto, de unos $50 millones.

Algo así como cuando el italiano Valter Lavítola intentó extorsionar a Impregilo asegurando que si la empresa no edificaba un hospital en Veraguas, Martinelli haría anuncios que perjudicarían las acciones de la compañía italiana en la Bolsa de Milán.

Aular Peralta dijo que ha recibido “amenazas” de personas de las que se guardó el nombre, en especial, después de que en enero de 2012 anuló el contrato con Arjona Duque.

La razón para ello fue que consultó a importantes firmas de abogados en Panamá y estas dijeron que le cobrarían, como mucho, una décima parte de lo que le pagaría a Arjona Duque.

¿Es este el único contrato privado que celebró Arjona Duque con la empresa venezolana? Quizá la pregunta resulte interesante para las autoridades, si se considera que estas mismas empresas –en el Consorcio Panamá Frío– también obtuvieron un contrato de 75 millones de dólares para construir cuatro centros postcosecha, cuyas estructuras presentan fallas.

MÁS NEGOCIOS
Pariente –que hasta hace poco fue gerente de la distribuidora de energía Ensa– está relacionado con el consorcio Cleopsa-Mejores Acabados, que recibió otro contrato de 14.5 millones de dólares para construir el Mercado Público de David, en Chiriquí.

También fue favorecido con el contrato de $1.6 millón para construir el parque del polémico terreno de Paitilla, que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras –por entonces a cargo de Anabelle Villamonte (recomendada por el ministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu)– le había traspasado de forma gratuita al florista César Segura.

PARIENTE Y LA COMIDA
Con ayuda de distintas fuentes con acceso a las auditorías de la Contraloría General por el escándalo de la comida deshidratada, y algunos actores mencionados en este caso, La Prensa confirmó que Arjona Duque tiene vínculos con Pariente.

Por ejemplo, Pariente es dueño de la compañía Klip Financial Investment Corp., receptora de fondos de sociedades de Arjona Duque, cuando este facturó $22 millones en “comisiones” de los dos contratos de la comida deshidratada y de la Cadena de Frío.

Klip Financial Investment Corp. fue constituida por Arjona Duque –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz, hoy llamada AP Partners– el 18 de junio de 2010.

Es decir, solo un mes después de que el entonces director del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli le adjudicara el primer contrato de la comida deshidratada –por $14.5 millones– a Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza, amigo personal de Pariente.

MANSIÓN
Justo en esas fechas, Pariente compró un terreno de playa –lote 309– en Buenaventura, en Antón, a través de la sociedad Villa Montichiari, S.A., por el que pagó casi $188 mil.

El 2 de febrero de 2013, Pariente traspasó gratuitamente la finca a la sociedad McKenzie Properties, Corp. Al firmar el traspaso, participó la abogada Idaliz Guiraud –socia de Arjona Duque– representando a la sociedad Villa Montichiari.

Un año después, McKenzie Properties “donó” la finca a la Fundación Ching Ying Fa. Allí figura la abogada Mariel Jované, jefa de asesoría legal de Ensa cuando Pariente fue gerente de dicha compañía.

El 1 de agosto de 2014, la Fundación Ching Ying Fa declaró mejoras en esa finca por casi $1 millón, dinero que compró a sus residentes una cava de vinos, piscina y jacuzzi, una tina de hidromasajes en la recámara principal, grifería de lujo y planta de aguas servidas y, al menos, siete cómodas habitaciones. (ver foto).

‘PRESTANOMBRES’
Varios empleados de Arjona Duque, entre ellos su mano derecha Yulissa Ortega Espinosa, prestaron sus nombres, no solo para constituir Klip Financial Investment, sino para abrir una cuenta a nombre de esta sociedad en Banco Panamá (obsérvese su firma en los facsímiles de los cheques de Klip Financial Investment).

La cuenta la abrió Ortega Espinosa que, debido a las normas bancarias contra el blanqueo de activos, declaró bajo juramento que Pariente es dueño del 100% de las acciones de la compañía, según un formulario al que tuvo acceso La Prensa.

Además, una serie de cheques –cuyos fondos fueron triangulados entre sociedades de Pariente y empresas constituidas por la firma Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz– también están en poder de la autoridad judicial (ver cheques).

Cheques

Así pues, Pariente parece ser un importante eslabón (aparentemente perdido, pues no está en Panamá ni ha respondido los cuestionarios enviados a su dirección de correo electrónico) en el engranaje que permitió contrataciones multimillonarias y que en medio de este “florecimiento empresarial”, se hizo de bienes muebles e inmuebles por millones de dólares.

INVESTIGACIÓN
Este poder del que gozó Pariente despertó la curiosidad de la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, quien abrió una investigación de oficio tras las publicaciones de este diario, relacionadas con el primer contrato de la comida deshidratada, que dio lugar a todo lo acontecido después.

Estas pesquisas son independientes a las del fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, quien la semana pasada recibió una auditoría de la Contraloría del primer contrato de comida deshidratada.

Esa auditoría arrojó una lesión patrimonial de $14.5 millones, es decir, el monto total de ese proyecto. Se calculó la lesión por esta suma, porque la Contraloría determinó que ese proyecto “no era necesario”.

‘Deben aplicar pena más dura’

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Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el gobierno de Ricardo Martinelli, comparecieron ayer al primer día de audiencia por el proceso que se les sigue por la supuesta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, a raíz de las intercepciones de comunicaciones.

La audiencia, desarrollada a puerta cerrada por decisión del juez Enrique Pérez, se inició a las 9:35 a.m. con la lectura de la vista fiscal del caso, por solicitud de Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz.

Poco antes de entrar a la sala del Segundo Tribunal de Justicia, el fiscal superior especializado contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas –a cargo de la investigación–, aseguró que presentaría “las evidencias necesarias” para que el juez abriera causa criminal contra los imputados.

Murgas estaba escoltado por dos agentes de seguridad y se abstuvo de dar detalles de los argumentos que presentará al momento de sus alegatos.

En tanto, Balbina Herrera y Mitchell Doens, dirigentes del Partido Democrático Revolucionario (PRD) y dos de las víctimas de los pinchazos telefónicos reconocidas por la fiscalía, plantearon que es necesario aplicar la sanción más dura a quienes vulneraron la privacidad de cientos de personas por el hecho de ser adversarias a Martinelli.

“Aquí el único responsable es el expresidente Ricardo Martinelli, ya que era el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y a él reportaban los funcionarios de esa institución”, expresó Herrera.

Por su lado, Doens planteó que las acciones cometidas por el exmandatario ocasionaron un severo daño a la institucionalidad del país y argumentó que el espionaje fue un mecanismo usado por Martinelli para sacar provecho de sus adversarios políticos y de sus competidores comerciales.

Ambos perredistas coincidieron en la necesidad de “un castigo ejemplar” a los responsables de estos hechos.

HABLA LA DEFENSA

Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, planteó que su cliente deber ser exonerado de los cargos imputados, ya que “no tuvo participación alguna ni ejecutó escuchas telefónicas ilegales” en su gestión en el organismo de inteligencia.

Además, comentó que Garuz fue evaluado por el Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses el viernes último y aún no ha recibido los resultados.

Arboleda reiteró que a Garuz se le debe aplicar una medida cautelar menos severa que la detención preventiva.

Por su parte, Roniel Ortiz, vocero del equipo legal de Gustavo Pérez, sostuvo que el proceso debe declararse nulo, ya que nunca pudieron interrogar al testigo protegido que dio inicio a esta investigación.

Denunció que, aunque la fiscalía les autorizó a plantearle preguntas al testigo protegido, este nunca pudo ser localizado.

Mientras que Sofanor Espinosa, quien representa a William Pittí, prófugo de la justicia junto a su compañero Ronny Rodríguez, detalló que su cliente no compareció a la audiencia por la “falta de garantías” de este caso.

Cuestionó que su cliente tenga orden de detención preventiva por la supuesta comisión de un delito cuya pena mínima es de tres años de prisión y el Código Penal señala que solo en los delitos con penas de cuatro años de arresto se aplicará esa medida.

Agregó que Pittí, quien laboraba en el CSN, solo hacía “trabajos de recolección de información” y “cumplía con un trabajo que se ha realizado durante años por diferentes gobiernos”.

En tanto, Alejandro Pérez, abogado de Ronny Rodríguez, manifestó que este es un caso que creó el actual gobierno para desacreditar a Martinelli.

Manifestó que Ismael Pittí [exfuncionario del Consejo de Seguridad] es la persona que realmente ejecutó las escuchas telefónicas, ya que desde su correo se enviaron más de 600 audios de diferentes personas.

Afirmó que Pittí fue nombrado por el gobierno de Juan Carlos Varela en la Junta Interamericana de Defensa “como premio por sus acciones”.

Sustentó que el testimonio de Pittí “será clave” para esclarecer quién autorizaba las escuchas.

Desde el mes de enero pasado, Pérez y Garuz están detenidos preventivamente mientras se les investiga por su supuesta participación en el espionaje a políticos opositores, empresarios, periodistas y sindicalistas.

SE SUSPENDE LA AUDIENCIA

A la 1:30 p.m., el juez Enrique Pérez ordenó la suspensión de la diligencia hasta las 9:30 a.m. de hoy.

¿El motivo? La sala del Segundo Tribunal de Justicia se utilizaría para otro procedimiento programado con antelación.

Por este caso, el expresidente Martinelli, quien es diputado del Parlamento Centroamericano, mantiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia, que se desarrolla bajo las normas del sistema penal acusatorio.

Las diligencias empezaron la pasada semana, luego de que el Tribunal Electoral accediera a levantarle el fuero electoral al exmandatario.

En este caso se conoció que el magistrado fiscal Harry Díaz solicitó al despacho del juez Pérez una copia del expediente instruido a Garuz, a Pérez, a Pittí y a Rodríguez, como parte de las investigaciones.


Presentan ‘Corruptópolis’

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La presentación del proyecto “Corruptópolis”, por parte de la italiana Cristina Brasili en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), sucede precisamente cuando Panamá asiste a investigaciones judiciales por casos millonarios de corrupción, el país volvió a las listas que lo tildan de “paraíso fiscal” y más de 20 bancos, entre locales y extranjeros, son objeto de las pesquisas adelantadas por las autoridades.

“Corruptópolis” responde a una iniciativa académica de un grupo de investigadores del departamento de ciencias de estadísticas de la Universidad de Bolonia, al norte de Italia.

El proyecto se creó en 2012 con la meta de difundir los resultados de las investigaciones sobre corrupción en la mayor audiencia posible. Es a la vez un juego y se centra en la interpretación de roles.

LOS ALCANCES

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, organizó la exposición de Brasili anoche en la Apede.

Antes del inicio de la exposición, Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación, anunció que el proyecto “será llevado” hoy a la escuela Richard Newman y comenzará a las 9:30 a.m.; mañana, a la Universidad Tecnológica de Panamá, a partir de las 10:00 a.m.; el jueves, al Instituto Rubiano, desde las 9:00 a.m., y el viernes, al Instituto Italiano Enrico Fermi, a las 10:00 a.m.

Fernando Berguido, embajador de Panamá en Italia, presentó a Brasili ante un auditorio lleno e integrado principalmente por jóvenes miembros de la Apede. Berguido comentó que “la corrupción y, sobre todo, la mafia son actividades que tradicionalmente se le achacan al sur de Italia”.

Pero que “un pueblo al norte fue estremecido el año anterior por muertes violentas a manos de la mafia”.

Entonces, dijo que “la plaga de la corrupción no escapa a ningún rincón del planeta, ni del norte ni del sur” y sentenció que “ninguna sociedad puede permanecer inerte ante este flagelo”.

La expositora comenzó diciendo que la corrupción en Italia representa la mitad de la que se genera anualmente en Europa, la cual en números asciende a $132 mil millones y equivale al 4% del producto interno bruto de ese país.

Experta en economía política y profesora asociada de la Universidad de Bolonia, Brasili hizo hincapié en que “la corrupción impacta de una manera muy alta la calidad de vida de las
personas”. Sustentó esta acusación en que “a mayor nivel de corrupción” ocurre “una disminución de las inversiones públicas o privadas”, y aseguró que “no hay grandes diferencias en esta percepción” si se comparan “Italia y Panamá”.

Resaltó cómo en los países con “poca corrupción” se da “una [mayor] movilidad social... y los hijos logran una mejor posición social que el padre”. Y comentó que en “Italia existe un alto nivel de percepción del flagelo, pero los ciudadanos lo consideran como algo ajeno a ellos”.

EL JUEGO

Explicó que “Corruptópolis” obedece al nombre de una ciudad imaginaria caracterizada mayoritariamente por un grupo de personas honradas, aunque muy poco informada de los sucesos públicos y privados. La ciudad es cohabitada por un puñado de personas corruptas y muy bien informadas. Participan un máximo de 30 personas.

La corrupción campea y la urbe disminuye con el correr de los años. Una alcaldesa gana las últimas elecciones y se propone erradicar de raíz el flagelo con la ayuda de algunos personajes: el juez, el policía y el periodista. Del otro lado se hallan el corruptor y el intermediario.

La burgomaestre precisa de ciudadanos honestos, luego el primer paso es reunirlos en una asamblea extraordinaria. La partida transcurre después de varios debates y busca eliminar a los corruptos. O termina si los corruptos superan a los honestos.

A propósito, Berguido afirmó que “la única manera de enfrentar esta pandemia estriba en cómo las sociedades reaccionan ante el fenómeno, el nivel de tolerancia de sus ciudadanos, y si los corruptos terminarán disfrutando libremente de sus bienes mal habidos o tras las rejas”.

Señalizan aceras del Casco Antiguo

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En un 55% avanza el proyecto de señalización del Casco Antiguo, en el corregimiento de San Felipe, para regular el tema de los aparcaderos.

La iniciativa de la Oficina del Casco Antiguo (OCA) junto a la Alcaldía de Panamá implica pintar las aceras con líneas amarillas y blancas. En las blancas los conductores se pueden estacionar y en las amarillas no.

Fernando Díaz, subdirector de la OCA, subrayó que la regulación va desde la calle 13 a la calle 1 en la zona, así como en las avenidas A, B y Central.

Según Díaz con eso se busca habilitar unos 600 estacionamientos y resaltó que tienen el apoyo de los agentes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para sancionar a quienes incumplan la disposición.

Por su parte, Patrizia Pinzón, dirigente de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, concluyó que con pintar las aceras no se va a solucionar el problema de los vehículos mal aparcados en las principales calles de allí.

“Se deben poner objetos permanentes para evitar autos mal ubicados”, acotó.

Los olvidados por la educación

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Un total de 105 mil niños y adolescentes no asiste a las escuelas debido a factores como la pobreza y el trabajo infantil.

Esta información fue dada a conocer en el Atlas de desarrollo humano local: Panamá 2015, que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que recoge datos de 2010 a 2014.

El informe presenta una radiografía de los miles de niños y adolescentes que durante 2014 no estuvieron en un aula recibiendo formación escolar. De hecho, la situación es más compleja en la provincia de Panamá y la comarca Ngäbe Buglé (ver tabla).

El documento del PNUD destaca que el grupo de jóvenes entre 15 y 17 años es el más propenso a excluirse del sistema.

Además, plantea que las razones para que los niños no asistan a los planteles son el trabajo infantil, la falta de ingresos en el hogar y lo distante de las escuelas.

Actualmente, el Ministerio de Educación (Meduca) contabiliza unos 800 mil estudiantes entre escuelas públicas y particulares.

CULPAN A PADRES

Para el coordinador de la Unión Nacional de Gremios de Educadores de Panamá, Eddy Pinto, es “lamentable” la deserción escolar y argumentó que la desintegración familiar y la falta de recursos económicos tienen relación directa con este problema.

Subrayó que esta cifra debe “inquietar” a la población. A la vez, consideró que los niños tienen el derecho de recibir una educación, tal cual está consagrado en la Constitución, por lo que sus padres deben enviarlos a la escuela.

Además, dijo que el chico que no está en el sistema educativo puede terminar como pandillero y “eso no se puede permitir”.

Por su parte, Eleazar Gómez, presidente de la Confederación de Padres de Familia, manifestó que este tema se observa mucho en las áreas comarcales, porque los padres emigran a otras regiones en busca de trabajo y se llevan a sus hijos.

Según Gómez, la cifra de más de 100 mil niños y adolescentes fuera de los centros educativos es “alarmante”, porque ningún chico del país debe crecer sin educación. También coincidió en que “son los padres de familia los principales garantes de que ellos obtengan la formación necesaria para la vida”.

FALTA FISCALIZACIÓN

En tanto, la consultora y especialista en educación Ileana Gólcher considera que el informe del PNUD confirma lo que a diario se ve en las áreas comarcales debido a la extrema pobreza.

Gólcher instó a las autoridades educativas a darle seguimiento a estos niños, para evitar que salgan de las escuelas. Incluso, plantea que el primer filtro es el director del plantel educativo.

Usó como ejemplo otros países de la región como Honduras, que mantiene a estos niños internados o en centros de educación integral para que puedan aprovechar mejor el tiempo.

CAPTARÁN MÁS NIÑOS

En el Meduca están conscientes de esta situación.

Mario Rodríguez, director nacional de Educación, aseguró que esas cifras han cambiado este año lectivo. Explicó que además del promedio anual de 60 mil niños que accede al sistema, en 2015 ingresaron a todos los niveles de enseñanza otros 58 mil alumnos.

De acuerdo con Rodríguez, la captación de nuevos alumnos se debe al aumento del pago de la beca universal, que se otorga a todos los estudiantes de escuelas oficiales del país. En 2014 se aprobó un incremento de $20 a $30 mensuales para estudiantes de primaria, de $20 a $40 para los de premedia y de $20 a $50 para los de media.

Reconoció que aparte de la deserción, está el problema de la repitencia y fracaso escolar. Para ello, dijo, el Meduca trabaja en el fortalecimiento de los gabinetes psicopedagógicos y la reactivación de la Dirección Nacional de Orientación.

En el departamento de orientación, con una plantilla de 530 docentes, es donde llegan los menores que buscan ayuda ante algún problema.

Decomisan 220 kilos de cocaína en Chame

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Unos 220 kilos de cocaína fueron incautados la noche del lunes, 17 de agosto de 2015, por agentes de la Policía Nacional (PN) en las costas de Gorgona, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

La droga se mantenía custodiada por varios malhechores que luego se dieron a la fuga; al parecer, ingresaron por unos manglares.

Las autoridades continúan con operativos para dar con el resto de los responsables en este hecho.

Tras una búsqueda en la zona se logró la captura de uno de los presuntos narcotraficantes y la retención de dos rifles de asalto AK-47, además de un vehículo todoterreno.

Posteriormente, en uno de los puntos de control establecidos por la Policía en la vía Interamericana se incautaron cerca de 40 pastillas de éxtasis, las cuales eran transportadas por un ciudadano de 30 años que también mantenía en su poder mil 200 dólares en efectivo.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Virgilio Lezcano, indicó que las costas del Pacífico entre Chame y San Carlos continúan siendo utilizadas para el tráfico de sustancias ilícitas.

Hace una semana se registró la incautación de 35 kilos de cocaína, los cuales eran transportados por dos ciudadanos colombianos y un panameño en un automóvil pick up con doble fondo.

Garuz y Pérez enfrentan segundo día de audiencia

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Alejandro Garuz y Gustavo Pérez llegaron la mañana de este martes, 18 de agosto de 2015, al Segundo Tribunal de Justicia para continuar la audiencia por el proceso que se les sigue por la supuesta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, a raíz de las interceptaciones de comunicaciones en el pasado gobierno.

Ambos llegaron custodiados y bajo estrictas medidas de seguridad; ingresaron de forma inmediata al Tribunal.

Garuz y Pérez son exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Ricardo Martinelli (2004-2009).

La audiencia, que empezó ayer, lunes 17 de agosto de 2015, se desarrolla a puerta cerrada por decisión del juez Enrique Pérez.

Para hoy está previsto que termine la lectura de la vista fiscal, compuesta por 228 páginas. Luego empieza la fase de alegatos.

Al igual que ayer, la audiencia concluirá a la 1:00 p.m. ya que la sala del Segundo Tribunal de Justicia se utilizaría para otro procedimiento programado con antelación.

Por este caso, el expresidente Martinelli, quien es diputado del Parlamento Centroamericano, mantiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia, que se desarrolla bajo las normas del sistema penal acusatorio.

Las diligencias empezaron la pasada semana, luego de que el Tribunal Electoral accediera a levantarle el fuero electoral al exmandatario panameño.

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