El mercado San Felipe Neri será cerrado el 20 de agosto próximo para cumplir con su programación de aseo y mantenimiento.

La Alcaldía de Panamá informó que esta actividad forma parte de las jornadas que realiza en todos los mercados municipales de la capital para garantizar a los concurrentes y arrendatarios el acceso a sitios limpios y seguros para la compra y venta de productos.

A través de un comunicado, la comuna capitalina exhortó a la ciudadanía a que tome las medidas pertinentes para evitar inconvenientes.  

Las parejas que viven juntas sin estar casadas por la Iglesia católica fueron clasificadas por la jerarquía de esta institución religiosa como una "sombra que vive la familia".

La clasificación se encuentra en las conclusiones dadas a conocer a través del Consejo Nacional de Familia y Vida y los Delegados de la Pastoral Familiar de las diferentes diócesis del país, tras celebrar el XXIII Encuentro Nacional de Pastoral Familiar,  en la diócesis de Colón-Guna Yala el pasado fin de semana.

A través de un comunicado de prensa enviado a través del correo institucional de la Arquidiócesis de Panamá, se hace una recopilación de "luces y sombras" de la familia panameña.

"Sombras que vive la familia (y) que nos hacen un llamado claro de atención: Parejas que no creen y no conocen la belleza del sacramento del matrimonio, viven con miedos y supersticiones la realidad de su amor, quedándose en matrimonios a prueba, uniones libres o casadas solo por el matrimonio civil", precisa el comunicado.

"La familia sigue siendo víctima de una vida apresurada, donde los padres tienen que cumplir con largas jornadas de trabajo para poder llevar el sustento a sus hogares, y aun así no terminan de cubrir los servicios básicos. Además del alto costo de la vida, el tiempo que transcurre en el tráfico congestionado, el estrés con que viven a diario, hacen que las casas se conviertan en meros dormitorios, donde los momentos de convivencia conyugal y familiar son nulos, dando como consecuencia la falta de unidad y una marcada tendencia hacia el individualismo", continúa el comunicado.

Las luces

"Familias que a pesar de haberse fragmentado, luchan por sanar sus heridas y educan a sus hijos con el valor de la unidad matrimonial y familiar. Familias conscientes de sus necesidades, que buscan la ayuda adecuada, y que se convierten ellas mismas en parte de la solución", continúa la nota.

A continuación el comunicado completo de la Arquidiócesis

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) entregará a las 2:00 p.m. de este martes, 18 de agosto de 2015, la primera de las solicitudes de acceso a la información con el fin de conocer si las empresas investigadas en la operación Lava Jato en Brasil tienen nexos y operaciones en Panamá.

La petición se hará ante la Secretaría General del Ministerio de Obras Públicas de Panamá.

Esta acción forma parte de las actividades simultáneas que los capítulos de Transparencia Internacional de otros países (Argentina, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela) han organizado para hoy y así facilitarles el trabajo a las autoridades de Brasil.

En el comunicado plantea que la corrupción sistemática que se ha descubierto en la empresa brasileña Petrobras y que involucra a políticos y a algunas de las firmas constructoras más grandes de la región “es posiblemente, el mayor escándalo de corrupción que se ha producido en Latinoamérica en los últimos años”.

“Para Transparencia Internacional es clave que se conozca más de este esquema de corrupción y que se promueva el castigo a los corruptos. El potencial para aprender de este caso es enorme, pues los mecanismos de prevención fallaron. Por ello, ahora los mecanismos de castigo deben funcionar”, precisó un comunicado emitido este martes.

La fundación indicó que –al final– lo que se busca es un cambio profundo y sistémico para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

Con anterioridad, el capítulo panameño de Transparencia Internacional ha exhortado al Ministerio Público de Panamá a que investigue los supuestos actos sospechosos de la constructora de capital brasileño Odebrecht en el país.

Incluso, el presidente de la fundación, Ramón Ricardo Arias, remitió un ejemplar del diario La Prensa del pasado 13 de agosto al fiscal Sexto Anticorrupción, Aurelio Oliver Vásquez, donde se documenta cómo Odebrecht utilizó el centro financiero panameño para lavar millones de dólares que tenían como destino final a exejecutivos de la empresa estatal brasileña Petrobras, según fiscales brasileños.

OPERACIÓN LAVA JATO

La justicia brasileña empezó el año pasado la llamada operación Lava Jato, consistente en investigar la red de corrupción en el seno de Petrobras.

Según datos de la propia petrolera, fueron desviados de la compañía unos 2 mil millones de dólares en la última década.

Las operaciones irregulares se lograron con la participación de varias empresas que “amañaban” los contratos con la petrolera al “inflar” sus valores y repartir las ganancias con exdirectores, funcionarios y políticos que ampararon las maniobras fraudulentas.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 191 que prohíbe la inclusión de la propina dentro de las facturas que elaboren los restaurantes.

Según el artículo No.1 de esta ley, se establece que no deben incluirse cargos en concepto de propina o servicios al precio final que se le ofrece al consumidor y que la propina es de carácter voluntario.

El proyecto de ley, aprobado en primer debate, adiciona el artículo 36-A a la Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otras disposiciones.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó un sismo de 3.8 grados en la escala de Richter, en la población de Puerto Armuelles, distrito de Barú, Chiriquí, en la madrugada de este martes.

El sismo fue localizado a cinco kilómetros al norte de Puerto Armuelles en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, con una profundidad de nueve kilómetros.

La institución precisó que como consecuencia del movimiento telúrico no se han reportado daños.

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio sobre las “coimas” que un ejecutivo de la empresa de tecnología SAP Internacional admitió haber pagado a tres funcionarios del Gobierno panameño entre los años 2009 a 2013, a fin de garantizarse la adjudicación de millonarios contratos.

Las pesquisas se sustentan en las informaciones divulgadas la semana pasada por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia federal que supervisa los mercados bursátiles en Estados Unidos. Por tal razón, se solicitarán asistencias judiciales a Estados Unidos.

El Secretario General del MP, Rolando Rodríguez Cedeño precisó que la Fiscal Segunda Anticorrupción, Vielka Broce, será la funcionaria que llevará a cabo las investigaciones.

El MP también requerirá copia de la auditoría que la Contraloría General de la República realizó a la Caja de Seguro Social (CSS), ya que –según las investigaciones en Estados Unidos- la coima pagada fue por la venta de un programa de computación -denominado "Zafiro"- a esta entidad.

“En estos momentos estamos realizando averiguaciones sobre el caso,  a la vez que estamos procurando contactar algunas autoridades en el extranjero por medio de una asistencia judicial que se está preparando con la posibilidad de conocer elementos que ellos nos puedan proporcionar para así identificar quienes son los posibles vinculados al hecho punible señalado”, añadió Rodríguez.

EL CASO

La semana pasada, se conoció que Vicente Eduardo García, de 65 años de edad y residente en Miami, se declaró culpable de participar en un “esquema” para sobornar a tres funcionarios panameños, cuyos nombres no han sido revelados hasta ahora, según informó el FBI.

García, que fue vicepresidente de cuentas globales de SAP, está a la espera de sentencia, la cual debe ser dictada el próximo 16 de diciembre.

La SEC tiene correos de García en los que admite haber pagado $145 mil a por lo menos uno de los funcionarios panameños sin identificar, como parte de un programa de computación que fue adquirido e instalado en la CSS por $14.5 millones. Aquel programa había sido previamente vendido por SAP a un socio local por $2.1  millones.

Por este contrato, García obtuvo una “comisión” de $85 mil.

En la CSS reconocieron que el contrato con SAP continúa vigente, y que éste fue pactado por el anterior director de la entidad Guillermo Sáenz Llorens y refrendado por la excontralora Gioconda de Bianchini. También dijeron estar en disposición de entregar la información correspondiente al MP.

Sáenz Llorens no ha atendido las preguntas de La Prensa, pero la semana pasada dijo en Telemetro Reporta que está sorprendido con las revelaciones del FBI y de la SEC, y que espera que se conozcan los nombres de los funcionarios a los que hace referencia García en su confesión.

(Con información de Juan Manuel Díaz).

El juez Enrique Pérez negó el incidente de nulidad que presentó la defensa de los sindicados en el proceso por la supuesta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, a raíz de las interceptaciones de comunicaciones en el pasado gobierno.

Este martes, 18 de agosto de 2015, se desarrolla el segundo día de audiencia preliminar por el proceso que se le sigue a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz; así como a los prófugos Ronny Rodríguez y William Pittí.

Durante la audiencia de este martes, Rosario Correa, abogada de Pérez, había presentado el recurso al argumentar que se le impidió hacer repreguntas al testigo protegido que dio origen a las investigaciones.

También dijo que se violó la presunción de inocencia, cuando la Fiscalía Auxiliar vinculó directamente a su cliente en este tema, a través de publicaciones en los medios de comunicación.

A esta solicitud de que se declarase nulo el proceso se unieron los abogados Alejandro Pérez, Cristóbal Arboleda (defensor, Sofanor Espinosa, quienes defienden a los otros sindicados.

El juez explicó que la medida era improcedente y les recordó lo establecido en el artículo 18 del Código Procesal Penal. Este indica que que: "el juez hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta de las partes".

SEGUNDO DÍA DE AUDIENCIA

A las 9:40 a.m. de este martes empezó el segundo día de audiencia por el proceso que se le sigue a Garuz y Pérez, exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional, por las interceptaciones de comunicaciones en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Ambos llegaron custodiados y bajo estrictas medidas de seguridad; ingresaron de forma inmediata a la sala del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Hasta las 11:00 a.m. continúo la lectura de la vista fiscal –compuesta por 228 páginas– en el tribunal. 

A la audiencia acudieron varias víctimas de los pinchazos telefónicos reconocidos por la fiscalía. Balbina Herrera, dirigente del Partido Revolucionario Democrático, dijo que confiaba en que los responsables de estos delitos serían al final castigados. “Tenemos la razón… vamos a ganar”, exclamó, durante un receso.

A las 2:00 p.m. se reanudará la audiencia. Le corresponderá el turno al fiscal superior especializado contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas.

Por este caso, el expresidente Martinelli, quien es diputado del Parlamento Centroamericano, mantiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia, que se desarrolla bajo las normas del sistema penal acusatorio. 

Información en desarrollo...

La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, apeló ante el Segundo Tribunal Superior la fianza de excarcelación por $1 millón que dio el Juzgado Decimoquinto Penal al empresario Mario Martinelli –hermano del expresidente Ricardo Martinelli– el 6 de este mes.

Broce refutó la fianza de excarcelación con base en que los delitos por los que se investiga a Martinelli son de suma gravedad, el perjuicio económico al Estado es alto y, además, existen pruebas que lo vinculan con los hechos indagados.

Martinelli es investigado por la supuesta comisión de los delitos de estafa, fraude en contrataciones públicas, peculado y corrupción en los contratos para la compraventa de mochilas escolares a través del Programa de Ayuda Nacional. Actualmente tiene una medida cautelar de casa por cárcel.

Una auditoría de la Contraloría calculó en $14.2 millones la posible lesión patrimonial al Estado por irregularidades en los contratos de mochilas.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá acatar la decisión emitida por esa instancia en 2009, que ordenó suspender el permiso de construcción del PH Plaza Independencia, en San Felipe.

Los problemas legales del PH Plaza Independencia datan precisamente del año 2009, cuando la Sala Tercera ordenó la paralización de las obras hasta resolver una demanda presentada por la Fundación Calicanto, la cual denunció que el proyecto estaba amparado en un permiso de construcción sin vigencia.

En aquel momento, los magistrados advirtieron “aparentes daños al valor histórico del inmueble, así como la aparente lesión al orden jurídico en la tramitación de permisos”.

Pese a la existencia de este reclamo en la Corte, el proyecto logró que le otorgaran nuevos permisos a su favor. Así, en 2010, la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura emitió una resolución para aprobar los planos, y en marzo de 2011 la Dirección de Obras y Construcciones Municipales –en ese entonces a cargo del hoy viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez– expidió un nuevo permiso de construcción.

No obstante, este nuevo fallo, con fecha del 4 de agosto de 2015, usa como sustento el artículo 54 de la Ley 135 de 1943, que dice: “ningún acto administrativo revocado por el tribunal podrá ser reproducido por la corporación o funcionario que lo dictó si se conserva la misma esencia de las disposiciones revocadas”.

Una vez dicho eso, los magistrados de la Sala Tercera consideraron que a la Dirección de Obras y Construcciones le estaba “vedado” emitir otros permisos de construcción para esa edificación, luego de que el de 2009 fuera suspendido.

Uno de los aspectos que tomaron en cuenta los juristas al momento de emitir su decisión es que, así como esta, la obra implica graves riesgos y perjuicios de difícil reparación y, a la vez, mencionan que no puede obviarse el valor que mantiene el sitio en donde se desarrollará el proyecto, que debe ser preservado por su riqueza histórica reconocida mundialmente.

LOS ACTORES

Esta querella de desacato contra la Dirección de Obras y Construcciones fue presentada por la Fundación Calicanto, la cual impulsa la conservación del patrimonio en el Casco Antiguo.

Ramón Ricardo Arias, en representación de la Fundación, señaló que la Dirección de Obras y Construcciones entró en desacato al otorgar nuevos permisos y ahora, tras este fallo de la Sala Tercera, debe mantener la suspensión del proyecto.

Arias señaló que desde hace años vienen exigiendo se cumplan con las normas de restauración en esa zona histórica y en este caso la Sala Tercera se basó en lo que establecen las normas. “Ese inmueble tiene serios defectos que deben ser corregidos. Por ejemplo, tiene pisos adicionales que deben ser demolidos conforme a las normas”, puntualizó.

Mientras que el director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, Gonzalo Barrios, señaló que están a la espera de ser notificados para cumplir con lo ordenado por la Sala Tercera. “Debemos evaluar lo planteado por esa instancia”, agregó Barrios.

Por su parte, el subdirector de la Oficina del Casco Antiguo, Fernando Díaz, indicó que tras este fallo no se podrán desarrollar más obras allí y aseguró que están en constante comunicación con la Alcaldía, evaluando lo que sucede en los inmuebles de esa zona histórica.

Díaz reconoció que es inquietante la condición estructural de ese proyecto. Incluso, subrayó que parte de su fachada frontal se desplomó el año pasado durante los trabajos de construcción.

Parte de las deficiencias de las que habla el funcionario están plasmadas en un informe elaborado por la Universidad Tecnológica de Panamá sobre el edificio.
De hecho, el documento, confeccionado por el Laboratorio de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de esa casa de estudio, precisa que de 135 vigas para cargas, hay 48 que presentan deficiencias.

“El edificio no cuenta con un sistema especial de cargas laterales. El muro de concreto del cajón del elevador no actúa en la resistencia lateral de la estructura”, indica el informe técnico.

En conclusión, los técnicos del centro de enseñanza superior indican que “es necesario someter la estructura a una rehabilitación que garantice la integridad de los materiales y los elementos que la conforman”.

OPINIÓN LEGAL

Sobre este tema, el exmagistrado Adán Arnulfo Arjona, quien estuvo relacionado con el fallo que suspendió el permiso de construcción en 2009, dijo que la decisión le parece “adecuada” en la medida en que trata de preservar la eficacia del poder cautelar de la justicia contencioso administrativa ante actuaciones que pueden poner en peligro el patrimonio histórico de la nación.

No obstante, explicó que tratándose de una querella de desacato, que fue considerada como “probada”, se debió imponer a la autoridad respectiva –Alcaldía de Panamá– la sanción correspondiente. En este caso, generalmente se trata de sanciones pecuniarias, precisó.

Otro de los personajes que conoce detalles de lo ocurrido es el exdirector de Obras y Construcciones y ahora viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez, debido a que aprobó el permiso de construcción de 2011.

De acuerdo con Vásquez, cuando se suspendió el permiso de 2009 los propietarios de la obra hicieron gestiones para la obtención de un nuevo aval. “Ellos iniciaron un proceso completamente nuevo y consiguieron una nueva resolución de Patrimonio Histórico y por tal motivo se dio un nuevo permiso”, argumentó.
Según Vásquez, en aquel momento consultaron con el equipo legal de la entidad y consideraron que el nuevo trámite era viable. Aunque aclaró que no ha tenido acceso al actual fallo.

VENDEN APARTAMENTOS

En la estructura histórica hay letreros y pancartas que hacen el anuncio de venta para aquellos interesados en adquirir una propiedad en esa zona, que forma parte del Conjunto Monumental Casco Antiguo-Panamá Viejo.

Sin embargo, la puesta en venta de los inmuebles no ha caído bien entre los antiguos compradores, quienes desde 2007 abonaron a los responsables de la construcción casi un millón de dólares y ahora solicitan les devuelvan su dinero, pues llevan años esperando.

Karim Hassan, representante de los antiguos compradores del PH Plaza Independencia, señala que es “increíble” que se engañara a antiguos compradores y se quiere ahora vender esos mismos apartamentos.

Este grupo ha presentado recursos legales y civiles contra los promotores que están en tramite y en espera de sentencia.

Se intentó contactar al propietario del edificio, Rodney Zelenka, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta sobre el tema.

Nahaniel Murgas, fiscal contra la Delincuencia Organizada, afirmó ayer que está probada la vinculación de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, así como de sus subalternos Ronny Rodríguez y William Pittí, con las escuchas telefónicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Al presentar sus alegatos durante el segundo día de la audiencia preliminar que se sigue en el Juzgado Decimosexto Penal a Garuz, Pérez, Rodríguez y Pittí –estos dos últimos prófugos–, Murgas pidió al juez llamar a juicio a todos los imputados.

Dijo que la vinculación de Pérez está probada, pues su firma está en el contrato para comprar la pinchadora. Además, que en un allanamiento en su residencia se hallaron correos electrónicos que corresponden a varias de las víctimas de las escuchas.

En cuanto a Garuz, Murgas sostuvo que su participación quedó evidenciada tras la ubicación en su teléfono celular de varios correos electrónicos de personas que denunciaron haber sido espiadas.

A la audiencia solo comparecieron 5 de los 16 querellantes, entre ellos Mitchell Doens, que asumió su propia representación legal; Balbina Herrera, representada por el abogado Rodolfo Pinzón; Rosendo Rivera, en representación propia; Rubén Polanco, representado por la abogada Cecilia Torres, y José Bethancourt, en representación del CSN.

En la audiencia también se desestimó un incidente de nulidad del proceso presentado por Cristóbal Arboleda y Alejandro Pérez, abogados de Gustavo Pérez y Ronny Rodríguez.

En su alegato, Alejandro Pérez aseguró que no existen evidencias para vincular a su cliente con el ilícito investigado y que para esclarecer todo se debe ubicar al miembro de la Policía Nacional Ángel Pittí, a quien señaló como el que ejecutó las escuchas telefónicas. Pérez pidió sobreseimiento provisional de los imputados hasta que se ubique a Ángel Pittí.

Las investigaciones por la compra de $60 millones en comida deshidratada que hizo el Programa de Ayuda Nacional (PAN), bajo el mandato de Giacomo Tamburrelli, han revelado que el empresario Javier Pariente –considerado el artífice de ese negocio– también obtuvo pingües beneficios económicos de concesiones en el aeropuerto de Tocumen.
La Prensa tuvo acceso a copias de cheques que le giró su cuñado –Pedro Martez– en concepto de “dividendos” por una concesión que otorgó sin licitación el gobierno de Ricardo Martinelli para vender comida rápida y bebidas en la terminal aérea.
Además –según Martez– también cobraron “dividendos” dos hermanos del expresidente Martinelli –Mario e Irma Martinelli–, cuyos cheques se endosaron a sus respectivas cuentas bancarias.
Cada uno recibió, de acuerdo con la documentación, un cheque por $10 mil el 30 de marzo de 2011; dos días después de que el cuñado de Pariente depositó en su cuenta dos cheques por $40 mil de la compañía Travel Services Pro, S.A., de la cual Pariente negó en 2012 tener vínculos. Incluso, por entonces dijo desconocer “las generales” de su cuñado.
Esas transacciones alertaron a Banco Panamá –donde Martez tenía la cuenta–, ya que había declarado bajo juramento que solo depositaría su sueldo de médico.
Oficiales del banco reportaron que, al interrogar al cuñado de Pariente, él estaba nervioso. Martez declaró que esos cheques correspondían al pago de “dividendos” de negocios con otros accionistas.

Irma Martinelli dijo ayer que Pariente le propuso invertir en ese negocio, pero que “no prosperó”. “No conozco a Martez y no sé por qué declaró que estaba pagando dividendos”, sostuvo. Su hermano Mario Martinelli dio la misma versión, pero identificó como dueño de la concesión a Martez, a quien el banco le cerró su cuenta.

JAVIER PARIENTE Y SUS NEGOCIOS AÉREOS

“No tengo nada que ver con la sociedad Travel Services Pro, S.A. [que tiene una concesión para vender ‘pizzas’ en el aeropuerto Tocumen], ni como administrador ni director ni accionista. Sí era de mi conocimiento que un hermano de mi esposa es director, condición que es de su total incumbencia. Desconozco las generales de él”.

Esta fue la respuesta que ofreció en julio de 2012 el empresario Javier Pariente al reaccionar a una investigación de La Prensa que reveló que dicha compañía –en la que figuran su cuñado (Pedro Martez) y su antigua secretaria en la distribuidora eléctrica Ensa, Zelideth Tello– fue favorecida en el gobierno de Ricardo Martinelli con una concesión directa para vender comida rápida y bebidas en la terminal aérea.

Por entonces estaba en duda la legitimidad de esa concesión, dada la relación de Pariente con el expresidente Martinelli: habían tenido una vinculación laboral (en el Súper 99) y comercial, a través de múltiples sociedades anónimas.

Tres años después, las pruebas confirman que Pariente mintió. Y es que, en medio de las pesquisas por el escándalo de la compra de comida deshidratada –por $60 millones que hizo el hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN)– se descubre que su cuñado le pagó “dividendos” de la concesión que Travel Services Pro, S.A. tenía en el aeropuerto de Tocumen.

Por ejemplo, en los cheques que aparecen a la derecha de esta columna se puede ver en la parte superior que el 28 de de marzo de 2011 la empresa Travel
Services Pro, S.A. giró un cheque de $20 mil a Pedro Martez. Eran, en realidad, dos cheques de $20 mil cada uno.

Dos días después, el 30 de marzo de 2011, Martez giró tres cheques de su cuenta personal en Banco Panamá por $10 mil cada uno: uno para Pariente, otro para Irma Martinelli y el último para Mario Martinelli, hermanos del expresidente Martinelli.

OPERACIÓN SOSPECHOSA

Esa operación le costó al cuñado de Pariente el cierre de su cuenta personal en Banco Panamá, pues los montos “superaban el perfil declarado”. El banco levantó una “alerta”, ya que dos días antes Martez depositó en su cuenta los dos cheques de 20 mil dólares cada uno que había recibido de Travel Services.
Banco Panamá, a través de la Gerencia de Banca Preferencial, recomendó cerrar la cuenta del cuñado de Pariente, porque este había declarado que solo depositaría su salario como médico.

“El cliente se encontraba nervioso en todo momento y respondía las preguntas vagamente diciendo que eran parte de unos negocios de él y que estaba pagando dividendos de los mismos. Se le preguntó por qué no se le pagaban los dividendos directamente a los accionistas y este dijo que simplemente esa era la manera que habían acordado hacerlo”, señala el informe del banco, al que tuvo acceso La Prensa.

‘FUE UNA INVERSIÓN’

Travel Services Pro, S.A. fue constituida el 17 de octubre de 2010 mediante un acta que protocolizó Mariel Jované, abogada de Ensa, donde para entonces trabajaba Pariente.

Irma Martinelli dijo ayer que en 2011 invirtió en ese negocio, cuando Pariente le habló de la concesión. Sin embargo –agregó– el negocio “no prosperó”, por lo cual le devolvieron un cheque que endosó a su cuenta, aunque no recordó el remitente.

“No conozco al señor [Pedro] Martez y no sé por qué dijo que el dinero era para pagar dividendos.

El que habló conmigo del negocio de la pizzería fue Pariente”, precisó la hermana del expresidente Martinelli.

Su hermano Mario dio la misma versión, a través de su abogado. “Ese cheque fue por un negocio que no resultó”, dijo. Martez, a su turno, evitó hablar con este diario.

OTROS NEGOCIOS

Pariente también está vinculado directamente con otras compañías que facturaron millones de dólares en el aeropuerto de Tocumen en el gobierno de Martinelli.

Esos negocios han quedado al descubierto con las pesquisas que adelantan las autoridades judiciales por el caso de la comida deshidratada, cuyo “artífice” es Pariente, según declaró al Ministerio Público el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli.

Por ejemplo, Pariente es el beneficiario final de la empresa Ingeniería y Gestiones, S.A. (Ingesa), que cobró varios millones de dólares al aeropuerto de Tocumen.

Sin embargo, en 2012, el abogado y dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Samuel Buitrago dijo a La Prensa que él era el “verdadero dueño” de Ingesa. Pero también mintió (ver recuadro).

CONTROL ELÉCTRICO

En el sector eléctrico, Pariente también facturó varios millones de dólares a través de la compañía Mejores Acabados, S.A., la misma que en consorcio con Outsourcing de Venezuela, S.A. construyó la Cadena de Frío a un costo de $75 millones, de los cuales al abogado Amado Arjona Duque le tocaron $9.5 millones por supuestos “honorarios profesionales”.

Este último pago fue una supuesta “extorsión” de Pariente, denunció su antiguo socio, el venezolano Luis Aular Peralta, dueño de Outsourcing de Venezuela, S.A.

Mejores Acabados, S.A. fue favorecida por la Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (Egesa) con, al menos, 21 contratos que suman $26.7 millones, según informes de la Contraloría General de la República. Varios de esos contratos se adjudicaron a la compañía de Pariente cuando Fernando Marciscano –su compadre– estuvo al frente de Egesa durante los dos primeros años de gobierno de Martinelli.

Pariente también es dueño de la compañía Productos y Procesos Industriales, S.A. (Propinsa), que facturó más de $6 millones en contratos directos en el aeropuerto de Tocumen.

A eso de las 7:00 a.m. de este miércoles, 19 de agosto, los altos exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, llegaron al Segundo Tribunal de Justicia para asistir al último día de audiencia por el proceso que se les sigue por la supuesta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Esto, debido a las interceptaciones de comunicaciones realizadas en el pasado gobierno con la supuesta participación de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional y de sus subalternos Ronny Rodríguez y William Pittí (prófugos).

Tanto Garuz como Pérez llegaron custodiados bajo estrictas medidas de seguridad a la Corte Suprema de Justicia.

La audiencia que se sigue en el Juzgado Decimosexto Penal comenzó a las 9:00 a.m. de hoy y se desarrollará a puerta cerrada, como se ha hecho en días anteriores por decisión del juez Enrique Pérez. 

Este miércoles deben alegar los abogados Sofanor Espinosa, representante legal de William Pittí; Cristóbal Arboleda y Alejandro Pérez, ambos abogados  de Gustavo Pérez y Ronny Rodríguez.

Además, deben concluir tanto la fase de alegatos como la audiencia.  El juez Pérez decidirá si falla enseguida o se acoge al término de 24 horas, tal como lo establece la ley.

Por este caso, Martinelli, quien actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano, mantiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia, que se ejecuta bajo las normativas del sistema penal acusatorio. 

La cuarta finalista clasificada para la gran final del Concurso Nacional de Oratoria y representante de la comarca Guna Yala es la estudiante Shayneth Pérez Sabúgara.

Pérez, quien es alumna del Colegio Secundario Félix Esteban Oller, se impuso en la ronda eliminatoria realizada en el Salón Los Mormones en la comunidad de Playón Chico.

Resultaron finalistas en esta competencia estudiantil, Génesis Pérez en segundo lugar; Joinel Llibre en tercer lugar y Adeybeth Morris en cuarto lugar, todos representantes del Colegio Félix Esteban Oller; mientras que Marlene Fernández del Instituto Cacique de Olobilinginya, en quinto lugar y Baudiliano López del Centro Escolar Básico General Sayla Olonbiginya en sexto lugar.

La próxima ronda de finales provinciales será el jueves 20 de agosto, en el Auditorio de la sede de ISAE Universidad en Metetí, para elegir la representación de Darién.

El Ministerio de Obras Públicas anunció que la vía Interamericana se cerrará este miércoles, 19 de agosto, por un periodo de 30 minutos en el tramo Santiago-Viguí, entre las 2:00 p.m. y 3:00 p.m., cerca de las comunidades de El Cocuyal 1 y 2.

El cierre es debido a una nueva voladura controlada como parte del proyecto de rehabilitación y ensanche de esta vía. Agentes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y de la Policía Nacional estarán en el lugar para guiar a los conductores, informó la entidad.

En tanto, para este jueves 20 de agosto, entre la 1:00 p.m. y 2:00 p.m., la vía también será cerrada por un periodo de 30 minutos para continuar con las explosiones controladas.

Será en el tramo Santiago-Viguí, en la entrada del Rincón de Las Palmas, comunidad El Jagua. Los trabajos son realizados por la constructora Odebrecht.

La posibilidad de que el enquistado esquema de corrupción, sobornos y coimas investigado en Brasil haya sido replicado en países de la región –incluyendo Panamá– ha generado una nueva presión para América Latina.

Ayer, Transparencia Internacional (TI), la coalición global anticorrupción, anunció que verificará las operaciones de las empresas constructoras brasileñas ligadas al escándalo de Petrobras en siete naciones: Argentina, Venezuela, Guatemala, Chile, Panamá, Perú y República Dominicana.

En palabras simples, el organismo trata de establecer o descartar si en estos países también se estructuró un lava jato (lava auto).

Los fiscales brasileños han denominado de esta forma la investigación en la que establecieron que las constructoras más importantes de Brasil –entre ellas, Odebrecht– eran contratadas por la estatal Petrobras para hacer obras con sobreprecios y luego desviar el dinero a políticos y empresarios.

“A medida que las investigaciones en Brasil continúan evidenciando vínculos entre grandes empresas constructoras y corrupción en Petrobras, TI analizará si estas están replicando el mismo modelo de negocios basado en pago de sobornos y cartelización del sector en otros países en donde mantienen operaciones significativas”, precisó el organismo en un comunicado

Por ahora, reporta que en Venezuela una investigación preliminar muestra la existencia de retrasos en ejecución, contabilidad opaca y dudas sobre posible injerencia política alrededor del otorgamiento de contratos millonarios.

En Panamá, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de TI) presentó solicitudes de información a cinco entidades sobre contratos de obras públicas a favor de la constructora Odebrecht, el mayor contratista del Estado al participar en proyectos que suman unos $9 mil millones.

Las solicitudes de información, firmadas por Ramón Ricardo Arias, presidente de la fundación, están dirigidas a los ministros de Salud, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Obras Públicas; al director del Metro de Panamá, S.A. y al administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Panamá juega un papel determinante en las investigaciones, debido a la línea de sucesos que hablan de la importancia de este país para Odebrecht.

Por el tamaño, el monto de la inversión y la importancia de las obras a cargo de Odebrecht, Panamá es territorio fértil de esta multilatina, cuyo líder y heredero, Marcelo Odebrecht, está en prisión en Curitiva, Brasil.

En los gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y ahora Juan Carlos Varela, Odebrecht ha podido coronarse con obras insignia de cada administración. 

Por otro lado, Panamá es una pieza neurálgica en el modelo que, según los fiscales brasileños, habría usado Odebrecht para ocultar y lavar dinero los últimos 10 años.

Las pesquisas han concluido que Odebrecht utilizó el sistema financiero local para lavar dinero y el sistema jurídico para crear empresas de papel por la que pasaba el dinero con el propósito de “limpiarlo”.

La investigación judicial descrita en la denuncia a Marcelo Odebrecht detalla complejas maniobras sospechosas a través de la sociedad Constructora Internacional del Sur, constituida en Panamá, la cual fue supuestamente destinataria de coimas por $47.2 millones.

Esta información ha dado lugar para que los fiscales brasileños soliciten colaboración al Ministerio Público de Panamá, aunque todavía no se ha dado respuesta a la asistencia judicial que en marzo pasado presentó el país suramericano.

La procuradora Kenia Porcell indicó la semana pasada que están recopilando información para cumplir con el requerimiento solicitado por Brasil.
Panamá, al igual que el resto de los países latinoamericanos, está ante uno de los escándalo de corrupción “...más grandes que hayamos visto en la región, no solamente por la cantidad de dinero involucrada y por los vínculos entre las elites política y económica, sino también por el daño que este sistema de corrupción ha significado para la sociedad brasileña...”, recordó TI.

El río Toleta, en la provincia de Los Santos, figura como el más seco tras unos cuatro meses de la temporada lluviosa en toda la región de Azuero.

Así lo refleja el trayecto del afluente por donde no se observa corriente de agua, solo esporádicos charcos con agua estancada.

El Toleta, de 12 kilómetros y afluente del río Estivaná, divide a los corregimientos de El Guácimo y Las Guabas, en Los Santos.

Casimiro Escobar, morador del lugar, manifestó que en lo que va de la época de invierno este río no ha recuperado su flujo hídrico y cada día los pocos charcos se quedan sin agua.

Informes del Ministerio de Ambiente en Los Santos confirman que se trata del cauce más seco de la región, el cual no se está recuperando.

El juez Decimosexto de lo Penal, Enrique Pérez, concedió la tarde de este miércoles, 19 de agosto, la medida cautelar de casa por cárcel para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.

Esto dentro del proceso que se les sigue por el caso de intercepción ilegal de comunicaciones durante la administración pasada, dirigida por Ricardo Martinelli.

En el caso de Garuz la medida se hizo efectiva inmediatamente, mientras que en el de Pérez aún no se le aplica, ya que mantiene otro proceso penal por el delito de posesión ilegal de armas de fuego, en el que se le dictó una medida de detención preventiva. 

La medida fue concedida a petición de los abogados Cristóbal Arboleda y Roniel Ortiz, por considerar que la pena aplicable no llega a los cuatro años de prisión.

El juez Pérez se acogió al término de 24 horas para dictar sentencia. 

Información en desarrollo...

(Con información de Juan Manuel Díaz)

Nicolás Corcione Pérez-Balladares, directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (AC P), comunicó su decisión de abstenerse temporalmente de participar en la toma de decisiones de la junta de esa corporación hasta tanto la investigación judicial que le sigue el Ministerio Público se resuelva y su defensa “pruebe su inocencia”.

La medida fue dada a conocer mediante una carta enviada, el pasado 16 de agosto, al presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy.

El pasado 19 de agosto, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, instó por segunda ocasión a Roy a que tomara las medidas para separar a Corcione Pérez-Balladares, a quien se le sigue una investigación en el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con las cuentas vinculadas al exmagistrado Alejandro Moncada Luna. La primera solicitud Maytín se la dirigió a Roy el lunes 10 de agosto.

COMUNICA DECISIÓN

En su misiva Corcione Pérez-Balladares comunicó a Roy que se presentará personalmente ante las entidades para cooperar con las investigaciones, entregar pruebas adicionales y rendir su testimonio para que luego su defensa pueda probar su inocencia en derecho.

“He tomado la decisión de abstenerme temporalmente de participar de la toma de decisiones de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, hasta tanto toda esta investigación judicial se resuelva y mi defensa pueda probar mi inocencia en derecho”, destaca Corcione Pérez-Balladares en la carta.

Recibida la nota, Roy le comunicó a Corcione Pérez-Balladares ayer en otra misiva que la directiva tomará las medidas administrativas correspondientes a su planteamiento de abstenerse de participar en la toma de decisiones (ver carta).

En la misma nota, Roy le indica a Corcione Pérez-Balladares que dicha abstención es aplicable en el sentido de que “usted no participará en ninguna reunión, recibo de documentación, decisiones o actividades de ninguna naturaleza que correspondan a esta junta directiva”. 

La decisión tendrá vigencia a partir de la fecha y mientras duren las investigaciones judiciales, acotó Roy, quien además comunicó a la directora de la Antai, la posición asumida por Corcione Pérez-Balladares.

Tras conocer lo decidido por Corcione Pérez-Balladares, Maytín dijo estar complacida por esta medida. “Esperemos retorne al país en los próximos días, tal cual como se comprometió en su carta”, destacó.

Manifestó que aún queda pendiente que la junta directiva de la ACP se reúna para examinar su reglamento interno y el reglamento de ética y conducta, y percatarse del vacío legal que detectamos, ya que no contiene sanciones para los miembros de la junta directiva por infringir el Código de Ética. 

“Esto debe corregirse”, advirtió la funcionaria.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que esperaban que Corcione Pérez-Balladares renunciara al cargo. No obstante, señaló que la decisión de enfrentar las investigaciones es un paso positivo, porque el asunto es que cada vez que se mencionaba su supuesta vinculación con el caso, la imagen del Canal era la que se afectaba en un momento muy importante, como lo es la etapa final de la ampliación de la vía acuática.

En tanto, Sandra Escorcia consideró que la directiva de la ACP debió separar a Corcione Pérez-Balladares. “La institucionalidad no solo depende de la ley, sino de lo moral y lo correcto”, indicó.

El empresario fue llamado a indagatoria por el fiscal contra la Delincuencia Organizada Nahaniel Murgas en dos ocasiones, desde el pasado 29 de julio. La primera vez se ausentó con la excusa de que estaba de “viaje familiar”. 

En la segunda no compareció alegando que él debe ser investigado por la Corte, bajo el sistema penal acusatorio, dada su condición de directivo de la ACP. 

En el expediente que instruye el fiscal Murgas, el empresario Jorge Espino, de Conceptos y Espacios, que obtuvo un contrato de $8.9 millones para remodelar el Tribunal Marítimo, reveló que Corcione Pérez-Balladares le pidió una coima de $400 mil a cambio de obtener el contrato que se ejecutó cuando Moncada Luna presidía la Corte.

El fiscal superior especializado contra la delincuencia organizada, Nahaniel Murgas, y abogados querellantes de las víctimas de las escuchas telefónicas apelaron la decisión del juez Enrique Pérez de otorgar casa por cárcel a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, procesados por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Murgas argumentó que el juez debió notificar a las víctimas antes de cambiar la medida cautelar a los imputados.

En tanto, Ángel Álvarez, quien representa a seis víctimas de los pinchazos, también apeló. Ambos recursos dejan en suspenso la decisión del juez.

JUEZ NO NOTIFICÓ A LAS VÍCTIMAS

El fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, y el abogado Ángel Álvarez –defensor de seis víctimas de los pinchazos telefónicos– apelaron la decisión del juez decimosexto penal, Enrique Pérez, de dar casa por cárcel a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, procesados por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Los recursos, interpuestos el pasado miércoles, luego de finalizar la audiencia preliminar del caso, dejaron en suspenso la decisión del juez, por lo que Garuz y Pérez permanecen detenidos en la cárcel El Renacer. A ambos se les acusa por las escuchas ejecutadas en el gobierno de Ricardo Martinelli a más de 150 personalidades del país.

Los otros dos procesados en este caso, William Pittí y Ronny Rodríguez, subalternos de Garuz y Pérez, están prófugos de la justicia.

Corresponderá al Segundo Tribunal Superior de Justicia asignar a un magistrado ponente de estos recursos y resolver las apelaciones.

El fiscal Murgas sustentó que no cabe cambiar la medida de detención preventiva a Garuz y Pérez, debido a que el delito por el que se
les acusa es “muy grave” y se requiere de una sanción ejemplar a los que infringieron estas normas.

Murgas argumentó en su apelación que el juez no notificó a las víctimas del delito sobre el cambio de medida cautelar a Garuz y a Pérez
y que eso es una obligación, según dispone la ley sobre protección a las víctimas de los delitos.

Por su parte, Ángel Álvarez, quien funge como abogado de varias víctimas convertidas en querellantes en el proceso, anunció en la misma audiencia su apelación al cambio de medida cautelar a Pérez y a Garuz.

Álvarez representa a la diputada Zulay Rodríguez y su esposo Álvaro Testa; al catedrático Miguel Antonio Bernal; y al expresidente Ernesto Pérez Balladares. Asimismo, a la dirigente de los gremios docentes Yadira Pino y al exdiputado Yassir Purcait.

Por su parte, el actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, quien también es querellante en el proceso, presentará hoy otra apelación contra la decisión del juez Pérez.

En tanto, el expresidente del Partido Revolucionario Democrático Francisco Sánchez Cárdenas, víctima de las interceptaciones de comunicaciones en el pasado gobierno, anunció que no apelará, debido a que considera que “esto [el proceso] se está tornando más show que otra cosa”.

GARUZ, EN EL RENACER

“Garuz aún no sale. Espera que llegue el oficio que concede la medida [cautelar de casa por cárcel] del juzgado”, informó una fuente del Sistema Penitenciario, adscrito al Ministerio de Gobierno.

En el caso de Pérez, la medida de casa por cárcel dictada por el juez Pérez no le surtiría efecto, ya que sobre él pesa otra orden de detención preventiva por la investigación que se le sigue por la supuesta comisión del delito de posesión ilegal de armas.

La Fiscalía Decimocuarta de Circuito investigó a Pérez por posesión ilícita de armas de fuego, luego de que en un allanamiento a su casa,
en medio de las pesquisas relacionadas con los pinchazos telefónicos, se ubicaran varias pistolas y revólveres. Este expediente se encuentra en el Juzgado Decimosegundo Penal, en espera de que se fije la fecha de la audiencia preliminar.

REPUDIAN MEDIDA

El abogado Álvarez indicó que está disconforme con la decisión del juez, debido a que existen elementos que se debieron de considerar antes de realizar cualquier cambio de medida cautelar.

Incluso, señaló que uno de los implicados obstruyó las investigaciones de las autoridades al resistirse a la revisión de su teléfono celular, en el que se hallaron las evidencias de los pinchazos.

En ese sentido, explicó, por ejemplo, que ninguno de los dos imputados [Alejandro Garuz y Gustavo Pérez] mostraba arrepentimiento ni el ánimo de resarcir el
daño causado ni disminuir sus efectos. “Por lo tanto, ese es un factor que debe ser considerado”, precisó.

Mientras que el catedrático Miguel Antonio Bernal, otro afectado por las interceptaciones de comunicaciones, expresó que lo que
hizo el juez es totalmente contrario a lo que dice la ley.

“Él no puede cambiar la medida sin notificar a los querellantes... desde un principio se torció la investigación cuando se decidió sacar a Julio Moltó...”, sentenció Bernal.

El abogado se refiere a que Moltó, quien fungió como jefe del Consejo de Seguridad entre julio de 2010 y marzo de 2012, es señalado en el expediente como el que ordenó la instalación de un cableado en el edificio 150 del Consejo de Seguridad.

El puente de las Américas lleva siete años sometido a una rehabilitación que provoca malestar a los conductores que lo utilizan para dirigirse al interior del país y viceversa.

En este último mes, en horas de la noche, MCM Global, S.A., responsable del proyecto, retomó la reparación de la losa de rodadura del puente, que data de 1960.

Y las quejas también han vuelto a surgir. Entre ellas, la de Rubén Darío Bossi, propietario de autobuses de la ruta Ciudad del Futuro, en el distrito de Arraiján, quien afirmó que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que se han ejecutado obras en la losa en los últimos años.

Bossi denunció que cada vez que esto se da, los usuarios son los que sufren las consecuencias, porque se ven obligados a permanecer horas en el tranque.
Un largo proceso

La primera fase de la obra se inició y culminó en la administración de Martín Torrijos (2004–2009), y el objetivo fue aumentar los años de vida y la capacidad de carga de la estructura, por un monto de $13.5 millones.

La segunda y tercera fase, que aún no finalizan, comenzaron en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009- 2014), por $80.3 millones.

No obstante, luego de cambios en el diseño para la reparación de la rodadura del puente, se redujo el costo original a $74 millones, de los cuales, el actual gobierno se encontró con pagos atrasados por $23 millones.

Los informes más recientes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) dan cuenta que las labores tienen 73% de avance y la nueva fecha de terminación es: junio de 2016.

Entre los trabajos pendientes están: pintar la parte este de la estructura, cambiar los tornillos, reforzar la rodadura o pavimento interno del puente con fibra de carbono.

Además, hace falta rehabilitar el sistema de luminarias, reparar los drenajes y raspado de la rodadura.

DEMORA

Arnulfo Ho, expresidente de la Comisión Vial de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), consideró que las labores tienen “muchos años” en ejecución y no terminan.

Subrayó que el punto fuerte de esta rehabilitación es la losa de rodadura, que se nota el mal estado.

Por su parte, el exministro de Obras Públicas Benjamín Colamarco coincidió con Ho en que la obra se ha dilatado en los últimos años.

De hecho, aseguró que en su gestión se diseñó el cronograma de rehabilitación del puente, que debió concluir en 2013.

Sobre las especificaciones del proyecto, recordó que durante la primera y segunda fase se le dio mantenimiento a las pilas del puente y cambiaron las 48 péndolas o cables que lo tensaban en los puntos más altos del arco. Igualmente, intervinieron el tablero del puente, anclajes y el sistema de ajuste que lo sostiene.

Además, detalló que se realizaron los trabajos de mantenimiento más importantes y sensitivos de la estructura.

En tanto, el secretario de la SPIA, José Tuñón, manifestó que los trabajos en el puente de las Américas están acordes con la rehabilitación que requiere.
Aunque prefirió no opinar sobre el retraso de la obra, porque desconoce el contenido del contrato.

Este medio llamó a la empresa MCM Global, S.A. para conocer su versión, pero comunicaron que, como es una obra del MOP, la entidad es la encargada de suministrar información.

Para la adecuación de este puente, en 2006, el MOP, en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá, contrataron los servicios de la empresa estadounidense Amman & Whitney/Louis Berguer Group, para que levantara un diagnóstico del estado de esa estructura.