Jerónimo Mejía, el magistrado de la Sala Penal que aspira a permanecer en el cargo, reconoció que la corrupción está "en todos los niveles, incluyendo la Corte Suprema de Justicia" y que la no implementación de la ley de carrera judicial crea incertidumbre en el personal.
Estas reflexiones de Mejía fueron parte de su intervención, la noche del pasado martes, ante la Comisión Especial de Evaluación, que entrevista a los aspirantes a reemplazar a tres magistrados a quienes se les venció o se les vencerá su mandato de 10 años, en diciembre próximo. Se trata de Harry Díaz y -precisamente- Mejía, en la Sala Penal, y de Abel Zamorano, en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Mejía habló del problema que representa la falta de personal en el Órgano Judicial. Refirió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda 65 jueces por cada 100 mil habitantes. "¿Sabe cuántos jueces tenemos por cada 100 mil [en Panamá]? Doce. ¿Cómo no va a haber mora? ¿Cómo no va a haber un servicio ineficiente? Existe una alta carga de trabajo. Si tuviese más tiempo, les podría decir cómo es un día en mi despacho, para ver si a alguno se le quita eso de querer ser magistrado", dijo Mejía, a quien se le venció su periodo de 10 años como magistrado en diciembre de 2017. Ha permanecido en el cargo hasta la fecha, porque las dos personas que nominó Juan Carlos Varela para remplazarlo -la fiscal Zuleyka Moore y al exjuez Luis Fernando Tapia- no fuero ratificados por la Asamblea Nacional.
También se refirió a la ley de carrera judicial, que no ha sido implementada pese a que está vigente desde el año 2015. La junta directiva de la CSJ alega falta de presupuesto. En el año 2015, cuando el sistema penal acusatorio (SPA) se implementó en el Primer Distrito Judicial de Panamá, el entonces magistrado presidente José Ayú Prado designó a 600 funcionarios en tribunales y juzgados, supuestamente de forma interina. Se presume todos siguen en el puesto.
"Hay una incertidumbre en los servidores judiciales acerca de su carrera. Eso es lo que ellos han venido insistiendo. No pueden ni siquiera pedir un préstamo. Al estar en situaciones de interinidad no le dan préstamo los bancos. ¿Quién se siente así motivado?", remarcó.
Acto seguido, Mejía leyó una nota que compartió con los miembros del pleno, el día que se escogió "al último presidente" de la Corte Suprema.
"La situación de la justicia es preocupante. Muchos consideran que es corrupta en todos los niveles, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia. La imagen de la justicia para muchos es de espanto y de suspicacia. No hay confianza en ella ni la respetan. Los magistrados son objeto de burla. Consideran que existe un temor en la tramitación de expedientes. Esta imagen, en parte, es el resultado de un cúmulo de insatisfacciones y frustraciones, propiciados por algunos actores de la justicia, por las acciones efectivamente realizadas por algunos de ellos. E incluso por la conducta delictiva de algún ahora exmagistrado. El panorama no es bueno a pesar de los esfuerzos que se han efectuado dirigidos a mejorar el servicio de justicia, como lo demuestra el último informe de gestión... En términos coloquiales, podría decirse que la justicia está en tres y dos. Tres bolas y dos strikes... No puede darse el lujo de equivocarse. Por ello con la elección debe mandarse un mensaje claro de impunidad... Por eso es fundamental que la escogencia que haremos hoy le mande un mensaje a la sociedad. De que entedemos la situación de la justicia, que estamos comprometidos a ponerla en el sitial que se merece".
Aquel día, el pleno escogió a Hernán De León como su presidente interino.
En la Comisión Especial de Evaluación, a Mejía no le preguntaron por su rol como juez de garantías en la causa seguida al expresidente Ricardo Martinelli, por presunto espionaje político y peculado. Martinelli fue declarado no culpable por un tribunal de juicio, el pasado 9 de agosto.
El suplente de Mejía, Luis Mario Carrasco, también es candidato a magistrado.
Mejía, quien llegó a la Corte en 2008 nombrado por el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), aseguró que en los 11 años y nueve meses que tiene de ser magistrado, "nunca" lo ha llamado un Presidente de la República.
